Benlloch pide aplazar la zona de bajas emisiones para no lastrar al comercio en Vila-real

Según la ley de cambio y transición energética, aprobada por el Gobierno en mayo del año pasado, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán tener en el 2023 una zona de bajas emisiones (ZBE) con el objetivo de reducir la contaminación, en línea con los planes de la Unión Europea y los pactos climáticos acordados hasta la fecha.

Un escenario que afecta a Vila-real, cuyo alcalde, José Benlloch, ante la cercanía de la fecha y el agravio comparativo que puede suponer los efectos de esta medida entre un municipio y otro, reclama al ministerio una moratoria para su aplicación.

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«De lo contrario, estamos condenando el centro urbano de nuestras ciudades. No podemos aplicar las mismas medidas en grandes urbes como Madrid o Barcelona que en una población como Vila-real, con 52.000 habitantes», lamenta el primer edil.

Al tener más de 50.000 habitantes, Vila-real tendría la obligación de implementar esta medida en 2023

Benlloch deja claro que esto no significa que el Ayuntamiento se oponga a trabajar contra el cambio climático, sino al revés, ya que detalla que están realizando «importantes esfuerzos» por tratar de reducir las emisiones. Y enumera algunas de las acciones impulsadas, como «el autobús Groguet (gratuito), la primera red de carriles bici y ciclocalles, la renovación de los vehículos de movilidad personas (en referencia a los patinetes) o la flota de Servicios Públicos completamente eléctrica».

Comparaciones

"No tiene sentido tratar a todas las ciudades por igual, no se le puede exigir lo mismo a Vila-real que a Madrid o Barcelona"

José Benlloch

— Alcalde de Vila-real

«No tiene sentido tratar a todas las poblaciones mayores de 50.000 habitantes por igual sin tener en cuenta las condiciones de cada una, nuestra idiosincrasia o lo que se está haciendo para frenar el cambio climático», exclama el alcalde, que asegura que «no se puede pretender aplicar en Vila-real las mismas medidas que piden a grandes ciudades como Madrid, Barcelona o València, que tienen una infraestructura de movilidad mucho más compleja, con metro, autobuses y otros servicios, como el de los taxis, más asentados».

A su juicio, la aplicación de esta restricción del tráfico que plantea la ZBE puede comportar «graves perjuicios para los centros urbanos y para el pequeño comercio». «En Vila-real tenemos 1.068 comercios, a pesar de nuestra cercanía con Castelló y València, cifra que da cuenta de la importancia vital del sector para nuestra economía, comercios que pueden verse gravemente impactados ante esta zona restringida», dice.