DESENLACE DEL PROCESO EN EL ALTO TRIBUNAL ESPAÑOL
El Supremo fija el 21 de junio para resolver los recursos del ‘caso Piaf’ de Vila-real
El exalcalde Rubert, el exedil Tomás y el empresario Antonio Pons fueron condenados por la Audiencia Provincial
El exalcalde Rubert, condenado por el ‘caso Piaf’, a la salida de la Audiencia tras una de sus comparecencias. / MEDITERRÁNEO
El miércoles 21 de junio. Esa es la fecha establecida por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) para deliberar y tomar una decisión respecto a los recursos presentados por los condenados por la Audiencia de Castellón, en marzo del 2021, por el conocido como caso Piaf. La decisión se tomará algo más de dos años después de hacer público el fallo provincial, que reprobaron los afectados.
En concreto, la sentencia establecía para el exalcalde popular de Vila-real Juan José Rubert ocho años y seis meses de inhabilitación especial para desempeñar cargo público, por un delito continuado de prevaricación administrativa. También hacía lo propio con quien fue mano derecha de Rubert y concejal en su equipo de gobierno, Ramón Tomás Céspedes, a quien los magistrados impusieron siete años de inhabilitación. Y condenaron a otros ocho años y seis meses a quien fuera consejero de Piaf, Antonio Pons.
Imagen del juicio del 'caso Piaf' en la Audiencia Provincial en marzo del 2021. / GABRIEL UTIEL BLANCO
Los recursos se dirimirán por los cinco magistrados designados por la Sala Segunda del TS que encabeza Manuel Marchena, conocido, entre otras cosas, por presidir el juicio a los líderes del procés independentista en Cataluña.
Hay que recordar que, pese a que en un principio la Fiscalía de Castellón también tenía previsto recurrir la sentencia condenatoria sobre Rubert, Tomás y Pons, finalmente el Ministerio Fiscal del Alto Tribunal Español, decidió no hacerlo, posicionándose así a favor de mantener el fallo dictado por la Audiencia de Castellón.
Con todo, el Ayuntamiento de Vila-real también se vio obligado a personarse en el proceso ante el Supremo para, como explicó en su momento el alcalde, José Benlloch, «continuar defendiendo los intereses de esta ciudad», que es siempre su «prioridad», subrayó.
Desde el 2011
El caso Piaf arrancó a mediados del 2011, poco después de que Benlloch asumiera la alcaldía, cuando la apertura de una investigación administrativa permitió detectar varios paquetes de facturas de Piaf que no se correspondían con trabajos efectivamente ejecutados ni acreditados.
Unas pesquisas que llevaron al primer edil a anular el pago de las facturas bajo sospecha, buena parte de ellas endosadas por el exalcalde Rubert a un banco estando ya en funciones como primer edil.
La decisión del munícipe socialista evitó el desembolso de las arcas públicas de cerca de 600.000 euros en facturas no acreditadas. Doce años después, continúa coleando este asunto al que puede dar carpetazo el Supremo.
Si desestiman el recurso de los condenados, queda el amparo del Constitucional si consideran que han vulnerado sus derechos.
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