Estrechan el cerco sobre las construcciones ilegales en la zona rural de Vila-real

Inquietud vecinal ante el cerco sobre las construcciones ilegales en la zona rural de Vila-real, una tendencia creciente durante los últimos años que ha proliferado especialmente en la zona de l’Horta, ubicada entre la N-340 y el límite con el término de Burriana.

Vecinos alertan de que el Seprona ha estrechado el seguimiento en el término municipal de la ciudad, con el foco puesto en edificaciones levantadas sin licencia sobre suelo rústico no urbanizable e incluso inundable en algunos casos, una situación que ha derivado en la apertura de expedientes que podrían acabar en órdenes de demolición.

Desde la Guardia Civil confirman a Mediterráneo que, aunque no hay ningún operativo específico sobre una localidad concreta, el Seprona "continúa con las investigaciones sobre expedientes abiertos en diferentes municipios de la provincia", dentro de sus competencias en materia de control de la ordenación del territorio. Como ejemplo del alcance de estas pesquisas, el instituto armado investigó durante 2025 a 35 personas por edificaciones ilegales en la provincia, entre ellas en Vila-real.

El auge de construcciones en terrenos donde no está autorizado (una cosa es tener una casa de aperos con fines agrícolas y otra bien distinta es alzar un maset, incluso con piscina en algún caso) se ha convertido en un quebradero de cabeza sobre todo para los agricultores, cuya preocupación ha ido en aumento a lo largo de los últimos años, tal como ha venido publicando este periódico.

Preocupación entre los agricultores

Hay que recordar que en febrero del 2025, las entidades agrarias trasladaron al Ayuntamiento su malestar por la aparición de nuevas construcciones y altos vallados tras los que, en algunos casos, se ocultan edificaciones no autorizadas. Incluso denunciaron enfrentamientos y presuntas amenazas a comuneros que alertaban de las irregularidades en terrenos colindantes a esas viviendas. Como respuesta, el Consell Local Agrari acordó reforzar la colaboración entre cooperativas, regantes y el consistorio para comunicar posibles infracciones.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el consistorio no tiene competencias en este ámbito, ya que la responsabilidad sancionadora como tal recae en la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), adscrita a la Vicepresidencia Tercera y Conselleria Medio Ambiente y Territorio, con la que Vila-real mantiene un convenio desde 2021.

Aun así, el consistorio anunció en julio del año pasado el refuerzo de la vigilancia en la zona rural mediante la incorporación de un inspector de la Policía Local en segunda actividad para mejorar la coordinación con la AVPT y reforzar la vigilancia de las construcciones ilegales de masets y de las reparcelaciones fuera de normativa en terreno no urbanizable.

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