Malestar en el Palau de Justícia de Vila-real por la falta de despachos y la reubicación allí de la Oficina Comarcal Agraria

El malestar por las condiciones de trabajo en el Palau de Justícia de Vila-real se respira en cada uno de los pasillos, despachos y salas de juicios. Y es que entre los integrantes de la judicatura como entre el personal funcionario que presta sus servicios en el edificio inaugurado en el 2013 no pasa desapercibida la falta de espacios de trabajo suficientes y adecuados.

Una carencia que, como apuntan fuentes consultadas por Mediterráneo, está afectando ya al funcionamiento ordinario de algunos órganos. El caso más evidente es el de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer, creada el pasado mes de octubre —aunque la magistrada tomó posesión de su cargo en febrero— para reforzar este servicio, pero que, pese a estar operativa, la Generalitat aún no la ha dotado de despacho propio ni de dependencias suficientes para el desarrollo laboral del personal.

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Se trata de una situación que acarrea que la jueza y el equipo de esta segunda plaza de violencia contra la mujer tengan que trabajar junto al personal de la plaza número 1, compartiendo espacios que no fueron concebidos para absorber esta carga. Las mismas fuentes advierten de que esta falta de medios repercute tanto en la calidad del trabajo judicial como en la atención a la ciudadanía, especialmente en una materia tan sensible como la violencia sobre la mujer.

Inquietud ‘in crescendo’

Con todo, la inquietud mostrada por el personal del Palau de Justícia de Vila-real ha ido in crescendo en las últimas semanas a causa de la voluntad de la Administración autonómica de ubicar en el inmueble judicial, aunque aseguran que de forma provisional, la Oficina Comarcal Agraria, actualmente situada en el Centro de Experimentación Agraria existente en la carretera de Onda.

Jueces y funcionarios consideran que el traslado de un servicio administrativo ajeno a la actividad judicial resulta incompatible con el uso del Palau de Justícia, ya que implicaría la entrada diaria de personas externas a un edificio en el que se tramita y custodia documentación «sensible y confidencial». Y hacen hincapié en que esta circunstancia podría comprometer la seguridad, la privacidad y el normal funcionamiento de los órganos judiciales.

Según las mismas fuentes, la operación habría quedado paralizada por el momento al no contar las conselleries de Justicia y de Agricultura con la autorización del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). No obstante, personal del servicio judicial vila-realense asegura a este rotativo que, en los últimos días, se ha seguido observando movimiento de personas realizando tareas de adecuación en una de las plantas que permanecen vacías.

¿Servicios agrarios?

Es más, personal del Palau de Justícia asegura que ayer mismo «ya ha llamado alguna persona preguntando por el servicio de veterinaria», después de que el traslado de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) ya haya sido publicitado por algunos ayuntamientos del entorno, como es el de les Alqueries, e incluso en la web del Portal Agrari de la Generalitat, en el que ya se informa de la nueva dirección de este servicio agrario en el número 6 y en la cuarta planta del inmueble de la calle Matilde Salvador, coincidente con el emplazamiento de la sede judicial de la ciudad.

El malestar aumenta porque, como apuntan, el edificio cuenta con dos plantas sin uso que deberían habilitarse para atender las necesidades del partido judicial de Vila-real y Burriana. Y es que este se concibió precisamente como una infraestructura con margen de crecimiento: cuando se proyectó, se presentó como un inmueble de siete plantas y unos 7.000 metros cuadrados, preparado para albergar inicialmente siete juzgados y con reserva de espacio para futuros órganos judiciales.

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