El Colegio de Abogados de Castellón pide mantener el Punto de Encuentro Familiar de Vila-real ante su traslado a Onda

El Ilustre Colegio de Abogados de Castellón ha adoptado un acuerdo de junta de gobierno en el que traslada su preocupación por la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de suprimir el Punto de Encuentro Familiar (PEF) judicial de Vila-real y sustituirlo por uno de nueva creación en Onda, dentro de la convocatoria de acción concertada 2026-2028 publicada el pasado 29 de julio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Hasta ahora, la provincia de Castellón contaba con tres PEF, Castelló de la Plana, Vila-real y Vinaròs, que dan servicio a familias derivadas por los juzgados y por los servicios sociales para garantizar, en un entorno seguro y supervisado, el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores o familiares en situaciones de conflicto o ruptura familiar. La nueva convocatoria mantiene Castelló de la Plana y Vinaròs, pero traslada la sede del centro-sur de la provincia de Vila-real a Onda a partir del 2027.

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El PEF de Vila-real atiende actualmente a unas 70 familias de los partidos judiciales de Vila-real y de Nules, y el propio Ayuntamiento ha denunciado que el cambio se ha conocido a través del propio boletín oficial, sin comunicación previa ni motivación específica. Desde esta organización profesional explican que "un análisis técnico de accesibilidad territorial encargado por este Colegio, basado en tiempos reales de trayecto por carretera en los 135 municipios de la provincia, confirma que la combinación de sedes en Castellón de la Plana, Vila-real y Benicarló/Vinaròs es la que ofrece el menor tiempo medio de acceso para el conjunto de la población provincial (13,53 minutos de media), frente a un incremento del 7,7 %, hasta 14,57 minutos, si Vila-real es sustituida por Onda".

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"El estudio pone de relieve que municipios de gran población como Borriana, Almassora, la Vall d'Uixó o Nules verían más que duplicado su tiempo de desplazamiento al pasar de Vila-real a Onda como sede de referencia", señalan, lo que, según el Colegio, "puede dificultar el acceso al recurso de familias con pocos medios económicos, que constituyen el perfil habitual de usuarios de los PEF".

Un sí a ampliar la red

«No nos oponemos a que se abra un nuevo centro en Onda; al contrario, lo vemos positivo si supone ampliar la red. Lo que no podemos compartir es que Vila-real, con más de 262.000 habitantes en su área de influencia y una posición central y muy accesible, deje de contar con su propio punto de encuentro sin que conste una justificación fundada en el interés superior del menor. Entendemos que la Administración Pública debería haber contrastado la oportunidad de cerrar el centro de Vila-real con los abogados, quienes conocemos de primera mano las dificultades de desplazamiento de muchas de las familias que ahora se verán afectadas. Vemos positivo distribuir recursos en el territorio, pero hay que meditar con sensibilidad cuando el coste de los desplazamientos se traslada a familias que sufren una gran precariedad», explican.

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Desde el Colegio de Abogados de Castellón recuerdan que el procedimiento de acción concertada se encuentra aún en fase de convocatoria, sin adjudicación definitiva, por lo que insta a la Conselleria a "reconsiderar la configuración de la provincia de Castellón antes de que el concierto quede cerrado, incorporando a Vila-real entre las sedes, con independencia de que también se abra un centro en Onda".

Y añaden que, de esta forma, se suman a la posición ya adoptada por el Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI), que ha rechazado el cierre de otros tres PEF de esa provincia en el marco del mismo procedimiento de acción concertada, al considerar que ambos casos comparten fundamentos jurídicos y fácticos análogos relacionados con la protección del interés superior del menor y el acceso efectivo de las familias a este tipo de recursos.

El acuerdo de Junta de Gobierno y el informe técnico-jurídico en que se fundamenta han sido remitidos a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, a los Ayuntamientos de Vila-real y de Castelló de la Plana, y a los órganos de gobierno de la abogacía española y valenciana.