El pleno de Vila-real cierra filas y reclama al Consell mantener el Punto de Encuentro Familiar de la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real ha cerrado filas este lunes para tratar de evitar que la ciudad pierda el Punto de Encuentro Familiar (PEF) que, en la actualidad, presta servicio a los ciudadanos residentes en los municipios que forman parte de los partidos judiciales de Vila-real y Nules. Y es que el pleno de la corporación municipal ha aprobado por unanimidad una propuesta de alcaldía para reclamar a la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia que mantenga este recurso en Vila-real ante la decisión de la Generalitat de sustituir su actual ubicación por un nuevo punto en Onda dentro de la planificación autonómica para el periodo 2026-2028.

El concejal responsable del área, Toni Marín, ha sido el encargado de defender la propuesta y ha explicado que el servicio ubicado actualmente en la calle Aragó da cobertura a una población de más de 156.000 habitantes, por lo que su traslado obligaría a numerosos usuarios a desplazarse hasta Onda. Marín ha recalcado que "no nos oponemos a que Onda disponga de su propio Punto de Encuentro Familiar, sino a que su creación suponga la desaparición del servicio vila-realense".

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La propuesta aprobada insiste precisamente en esta idea: si la Generalitat considera necesario incorporar Onda a la red, reclama que lo haga como un recurso adicional y no sustituyendo al de Vila-real, que define como un servicio «consolidado y actualmente operativo».

Actualmente, el Punto de Encuentro Familiar de Vila-real atiende a alrededor de 70 familias, principalmente procedentes de los partidos judiciales de Vila-real y Nules. Estos centros están destinados a facilitar las relaciones entre menores y sus progenitores o familiares cuando existen situaciones de ruptura o conflicto familiar o así lo determina una resolución judicial, con supervisión profesional y en un espacio seguro.

Una decisión adoptada en julio

El origen del conflicto está en la resolución de la Conselleria del 27 de julio de 2026, publicada en el DOGV dos días después, que establece la nueva configuración de los Puntos de Encuentro Familiar judiciales para 2026-2028. En Castellón continúan existiendo tres municipios de referencia, pero Vila-real desaparece de la relación y entra Onda. El consistorio sostiene además que no recibió previamente comunicación institucional o técnica sobre el cambio.

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El documento municipal incorpora también el análisis realizado por el Colegio de Abogados de Castellón, que se ha posicionado contra la sustitución. Según los datos recogidos en la propuesta, una red formada por Castelló, Vila-real y Benicarló/Vinaròs arrojaría un tiempo medio de acceso de 13,53 minutos, mientras que sustituir Vila-real por Onda lo elevaría hasta 14,57 minutos, un 7,7% más. Municipios como Burriana, la Vall d’Uixó, Nules o Almassora resultarían especialmente afectados por el incremento de los desplazamientos.

Además del Colegio de Abogados de Castellón, otras entidades se han sumado al rechazo a la desaparición de este recurso en Vila-real, como son la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València, el Grup de Dones o la asociación de personas con discapacidad Acudim.

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Además, desde el consistorio ponen el acento en que la demanda de estos recursos ha aumentado. Las memorias de la Conselleria recogidas en la propuesta contabilizan 1.207 expedientes judiciales atendidos en el 2022, 2.015 en el 2023 y 2.188 en el 2024, lo que representa un crecimiento aproximado del 81% en dos años.

El PP apoya, pero discrepa del relato

La reivindicación ha contado también con el voto favorable del PP, formación que gobierna en la Generalitat, aunque su portavoz, Adrián Casabó, ha marcado distancias con la interpretación realizada por el PSPV-PSOE y ha defendido que se trata de un servicio «importante para Vila-real» pero, a su vez, considera "que el relato de los socialistas" sobre la decisión de la Generalitat es «incompleto e interesado».

El portavoz popular ha argumentado que el modelo anterior «no funcionaba» y que la modificación de la red responde a criterios técnicos que, a su juicio, el equipo de gobierno «pretende esconder». No obstante, ha dejado claro el respaldo del PP a mantener el recurso si esos mismos criterios avalan su continuidad. «Si los informes técnicos dicen que Vila-real tiene que tener este servicio, seremos los primeros en reclamarlo», ha aseverado Casabó.

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Precisamente, uno de los puntos centrales de la iniciativa aprobada consiste en exigir a la Conselleria el expediente administrativo completo en el que se sustenta la reorganización, incluidos informes técnicos, jurídicos y económicos, estudios de población atendida, demanda, procedencia de los usuarios, tiempos de desplazamiento, accesibilidad y cualquier comparación realizada entre mantener el servicio en Vila-real o trasladarlo a Onda. El Ayuntamiento señala que ha solicitado esta documentación y que todavía no la ha recibido.

Benlloch recuerda los compromisos del Consell

Asimismo, el alcalde, José Benlloch, ha recordado los compromisos adquiridos anteriormente por la Generalitat con el Punto de Encuentro Familiar de Vila-real. Durante la visita del entonces president Carlos Mazón en abril del 2024, el jefe del Consell se comprometió a asumir la inversión necesaria para acondicionar una nueva sede del servicio en una parte del antiguo edificio de la Estacioneta de la Panderola. Un compromiso que, según Benlloch, reiteró posteriormente, en junio del 2025, por la entonces vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero.

El alcalde ha elevado además el tono ante una eventual desaparición del servicio. Si la Generalitat no rectifica, ha advertido, «acudiremos a la justicia para dar cumplimiento a los derechos de los vecinos y las vecinas de Vila-real».

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El acuerdo aprobado exige también que la Generalitat garantice la continuidad del Punto de Encuentro Familiar mientras se resuelve el procedimiento, para evitar interrupciones que afecten a menores y familias con regímenes de visitas en curso, y propone crear una mesa de trabajo entre Conselleria y Ayuntamiento, con participación de órganos judiciales y servicios especializados cuando sea necesario.

La resolución municipal será trasladada, además de a la Conselleria, a la Sindicatura de Greuges, Fiscalía Provincial de Castellón, Sección de Menores, órganos autonómicos relacionados con violencia sobre la mujer e igualdad, Tribunal de Instancia de Vila-real, grupos de les Corts Valencianes y Colegio de Abogados de Castellón.

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