El año 2021 ha de ser el año de la rehabilitación, una oportunidad histórica para impulsar un necesario y urgente cambio de paradigma en el sector de la construcción y en la manera de concebir nuestra relación con el medio edificado.
En primer lugar, ha de serlo porque los beneficios que aporta la rehabilitación, tanto a nivel económico como social o medioambiental, son indiscutibles. Permite recuperar las funciones residenciales de las viviendas existentes y, como consecuencia, racionalizar el uso del suelo no edificado, limitando el crecimiento de las ciudades y respondiendo a la demanda de vivienda de una manera sostenible.
En el marco de la transición verde se estima que en España más de 25 millones de viviendas necesitan una intervención, cuando en la actualidad el ritmo alcanzado apenas supera las 30.000 viviendas al año. Esta es la medida del reto al que nos enfrentamos y que la Unión Europea ha cifrado en una tasa de rehabilitación del 3% del parque construido anualmente.
En segundo lugar, porque durante esta ya larga e intensa crisis sanitaria, toda la población ha tomado conciencia de la importancia que tiene habitar viviendas confortables, salubres y adaptadas a nuestras necesidades, las presentes y las futuras. En este sentido, la reforma de las viviendas ha cobrado una relevancia inusitada.
Prueba de ello es el hecho de que sea, dentro del sector, la única actividad que ha visto incrementado su volumen de negocio. Según el observatorio del CSCAE el número de viviendas nuevas visadas en 2020 cayó más de un 17% y la rehabilitación integral también retrocedió un 8,5%.
En tercer y último lugar, ha de serlo porque de ello depende la recuperación de la economía. Con la llegada de los fondos europeos se abre una oportunidad inédita para transformar el sector. Los más de 6.800 millones de euros destinados a la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana abren la puerta a implementar con rapidez las reformas necesarias para que el sector pueda por sí mismo transitar hacia su reconversión, una vez esta coyuntural inyección de recursos públicos haya cesado.
La rehabilitación está destinada efectivamente a dejar de ser la hermana pequeña de la promoción en la medida en que la reutilización ha de reivindicarse como el mecanismo más eficiente de defensa del derecho a una vivienda y el mejor mecanismo de recuperación económica. Sin duda la obra nueva seguirá jugando un papel importante en cuestiones como la consolidación del tejido construido de nuestras ciudades y el aumento de un parque público, pero es la rehabilitación, esto es, la adecuación del parque construido, la que en años venideros cobrará protagonismo.
Todo ello solo es posible si contamos con una información exhaustiva, ordenada y fiable de las condiciones en las que se encuentra el parque de viviendas existente. Solo sobre una base que refleje el volumen del parque de viviendas, su edad y el estado de conservación se podrá planificar líneas efectivas de actuación, priorizando la conservación de zonas o barrios más degradados, la mejora de la accesibilidad en los edificios con condiciones más gravosas, la mejora de la eficiencia energética en las zonas más sensibles… y, cómo no, poder así adelantarnos a los posibles daños causados por su degradación.
Una herramienta con información detallada
En la Comunitat Valenciana disponemos del instrumento adecuado para ello: el Informe de evaluación del edificio de uso residencial de vivienda (IEEV.CV). Este documento, realizado por un profesional competente en la materia, analiza tres aspectos concretos: el estado de conservación del edificio, el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y su eficiencia energética.
Todos los edificios de viviendas de la Comunitat Valenciana con más de 50 años, así como aquellos que vayan a recibir ayudas públicas, están obligados a tenerlo. Es algo así como la ITV de los edificios: un control periódico (cada 10 años) de la situación en la que se encuentra el parque construido que deriva en ciertas recomendaciones para la mejora de su situación e, incluso, la descripción de actuaciones urgentes a realizar.
Lo cierto es que, en la actualidad, el nivel de cumplimiento en la Comunitat Valenciana es muy bajo. Y ello pese a que la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana en su disposición adicional séptima establece un plazo máximo a partir del cual los edificios que incumplan estarán sujetos a una sanción que oscila entre los 600 y 6.000 euros. En esta situación se encentran ya todos los edificios construidos antes de 1901 y, a partir del 1 de enero de 2022 a estos se sumarán aquellos construidos antes de 1950.
Grado de cumplimiento en la provincia de Castellón
La situación es, no obstante, muy desigual en la Comunitat Valenciana. En primer lugar, es más elevado el grado de cumplimiento en las grandes conurbaciones. De ahí se desprende que, por ejemplo, el grado de cumplimiento en la provincia de Valencia alcance el 5%, en tanto que en Castellón o Alicante se sitúe en el entorno del 3%. Pero luego hay significativas diferencias entre municipios en función de si hay o no una implicación activa por parte de las entidades locales. Por ejemplo, esta es la diferencia entre un ayuntamiento con un plan específico de promoción del IEEV.CV y otro que no, estando apenas separados por una calle.
Esta es una captura del visor del IEEV.CV del Institut Cartogràfic Valencià, en la que queda reflejado en rojo el parcelario con una antigüedad superior a 50 años y en verde aquellos edificios que ya tienen realizado el IEEV.CV. Todo ello es información pública, por lo que cabe poner el valor el esfuerzo de transparencia y a animar a todas las personas interesadas a consultarlo.
Con el objetivo, por tanto, de impulsar de una manera definitiva la redacción de IEEV.CV, la Vicepresidencia Segunda del Consell y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha lanzado unas ayudas dotadas con dos millones de euros disponibles hasta el 30 de junio. Habrá una subvención básica del 20 por ciento del importe protegido del IEEV.CV, para todas las solicitudes de edificios con una antigüedad superior a 50 años, más una subvención adicional, en función de los puntos obtenidos en la baremación. La suma puede alcanzar 4.500 euros por solicitud, en función del número de viviendas y superficie del local del edificio en cuestión.
