Compromís denuncia que el Gobierno central se inhibe de la deficiente tramitación del Castor de nuevo y justifica que el coste se disparase de 500 a 1300 millones de euros. El diputado en el Congreso de Compromís, Joan Baldoví, exponía en una pregunta parlamentaria que el 2 de octubre de 2006, el Ministerio de Industria pidió un informe al por entonces Instituto Geológico y Minero de España en el que adjuntaban la documentación presentada finalmente por Escal junto a su solicitud de concesión, el 24 de enero de 2007, el Instituto envió su informe, en el que según fuentes conocedoras del mismo, apenas se limitó a dar por válidos los argumentos de Escal sin realizar pruebas prácticas o una visita de confrontación para examinar los datos, Baldoví, en su pregunta incidió en saber el porqué de esta actuación y las medidas a adoptar por el Gobierno
De nuevo, la inhibición en tomar medidas es absoluta, “en tanto no estén disponibles los estudios solicitados tanto al Instituto Geológico y Minero de España como al Instituto Geográfico Nacional no es posible conocer la situación del almacenamiento y concretar las medidas previstas”, es la respuesta del Gobierno, de nuevo, evita responder el fondo de la cuestión.
Respecto al incremento del coste de las instalaciones que pasaron de costar, de los 500 a los 1300 millones de euros, desde el Gobierno se justifica este incremento, y evita pronunciarse alegando la contratación de la realización de una auditoría sin que estén disponibles todavía los resultados definitivos de dicha verificación
