El juzgado número dos de Castellón ha admitido a trámite la denuncia que la Unión de Consumidores de Castellón (UCE) interpuso el pasado mes, en nombre de cinco afectados, contra la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al considerar que había llevado a cabo una comercialización de participaciones preferentes “agresivas” y “poco acorde a las buenas prácticas”. Estos cinco pequeños ahorradores castellonenses reclaman la nulidad de los contratos firmados y la devolución de 60.000 euros que depositaron en este tipo de producto financiero.

El portavoz de la UCE en Castellón, Juan Carlos Insa, se mostró satisfecho con esta decisión judicial y confía en la celeridad del proceso. “Ahora el juez deberá ponerse en contacto con la CAM para que presenten las alegaciones que considere oportunas y estudiarlas”, explicó Insa, quien anunció que esta misma semana interpondrán una nueva demanda colectiva, en nombre de seis afectados de Castellón por preferentes en la CAM, que exigen la devolución de 300.000 euros.

FALLOS A FAVOR // Y es que las dos sentencias favorables a afectados, conocidas esta pasada semana contra Novagalicia y BNP Paribas, en Valencia, ayudan a los pequeños ahorradores a incrementar sus esperanzas sobre la posibilidad de recuperar el dinero invertido. “En los últimos días, a raíz de estas sentencias, nos ha llamado mucha gente interesándose en denunciar su caso”, remarcó el portavoz de la UCE.

De todos modos, desde esta asociación piden prudencia al respecto de la jurisprudencia que estas resoluciones pueden crear. “Cada caso es un mundo, lo que es importante es demostrar que se contrató engañado. Está claro que se jugó con la confianza de los clientes, especialmente, gente mayor, que creía que podía retirar el dinero en cualquier momento”, insistió Insa.

El número de afectados en Castellón se cuenta por centenares, aunque son muchos los que guardan silencio “por la vergüenza que sienten de haber sido engañados”. La UCE calcula que entre 8.000 y 10.000 castellonenses invirtieron en preferentes.

TESTIMONIO // Este es el caso de un vecino de la Vall d’Uixó de 45 años, firmante de la denuncia que la UCE presentará esta semana en los juzgados de Castellón. En el año 2009, recibió una cuantiosa indemnización tras sufrir un accidente laboral, que le ha ocasionado una severa minusvalía. “Repartí el dinero por varias entidades para tenerlo a plazo fijo e ir tirando, puse 30.000 euros en la CAM porque confíe en lo que me dijeron y ahora no me dejan sacar el dinero”, señaló este vecino de la Vall, que anuncia que no flaqueará en su intento de recuperar sus ingresos, “porque el dinero es mío y no de ellos”.

Por delante aún le queda el proceso judicial, aunque los magistrados están resolviendo con celeridad estos casos. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) han señalado que el plazo medio de resolución de este tipo de asuntos se sitúa en unos nueve meses. H