El Gobierno ratifica su indecisión sobre el polémico proyecto Castor, que todavía sigue paralizado tras registrarse más de 500 sismos en septiembre del 2013,

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, aseguró ayer que no es posible saber qué va a ocurrir en el futuro con el almacén submarino de gas, aunque “está claro que no se puede inyectar un metro cúbico más sin saber si va a haber movimientos sísmicos”. Nadal recordó que en la plataforma se han invertido más de 1.000 millones de euros, porque el proyecto, en su momento, “parecía que iba a tener una importancia fundamental”, y que ahora sigue siendo una instalación que podría funcionar.

“El problema”, señaló, “es que se producen terremotos y los informes de los expertos confirman que existe una relación causa efecto entre ambas cosas”.

No obstante, indicó que “cancelarlo definitivamente no es una buena idea si en el futuro pudiera ser necesario, pero está claro que no se puede inyectar más; hay que tomar una decisión sensata y ponderada teniendo siempre en cuenta que la población de la zona no puede correr riesgos”.

Asimismo, Nadal aseveró que el sistema de financiación del Castor se fijó en la pasada legislatura y “con unas garantías que vinculan al Gobierno siguiente”.

ESTUDIOS INTERNACIONALES // El ministro de Industria, José Manuel Soria, alude a estudios de expertos internacionales para tomar una decisión definitiva. Curiosamente, estos documentos se están eternizando, por lo que los partidos de la oposición le acusan de querer ganar tiempo antes de decidir si clausura la planta.

Mientras, tal y como publicó ayer Mediterráneo, la Fiscalía de Castellón ultima la investigación sobre la tramitación y construcción del Castor sobre si se cometió delito medioambiental.

Pese a que se pidió una prórroga de seis meses para las pesquisas, el fiscal jefe, José Luis Cuesta, aseguró que, durante el mes de julio, las indagaciones habrán terminado y se podrán extraer las conclusiones definitivas.

El ente judicial inició los trámites en octubre del 2013, después de que se registraran los movimientos en el área del Maestrat.

Mientras, los ciudadanos exigen al Estado la clausura para siempre de las instalaciones. Los alcaldes de la zona del Baix Maestrat, pese a coincidir en que “no quieren” el Castor, difieren en cuanto a la actuación gubernamental. Vinaròs y Peñíscola comprenden que “se actúe con prudencia y de una manera sensata”, pero Benicarló considera que el desmantelamiento se debe de ejecutar lo más pronto posible. H