La causa abierta por el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs para investigar presuntas irregularidades en las autorizaciones y gestión de la planta de gas Castor obligará al órgano judicial a habilitar una nueva sala de vistas más amplía. El fin será poder dar cabida a las declaraciones de los 18 imputados por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

“Es una causa grande y las salas existentes ahora no tienen capacidad para albergar al número de abogados de todos los imputados, por tanto, será necesario habilitar, dentro de los juzgados, una sala de vistas con mayor capacidad”, ha explicado el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta. Y es que la Fiscalía actúa como acusación en este caso, dado que fue el propio Ministerio Público el que presentó la denuncia que ha sido admitida a trámite.

Por tanto, la falta de espacio será uno de los asuntos a los que deberá hacer frente el nuevo magistrado titular de la causa, Víctor Manuel Capilla, quien está previsto que tome posesión de su cargo en los próximos días. De igual modo, uno de los primeros trámites a resolver, junto con la Fiscalía, será el orden de declaración de los 18 imputados, que son exaltos cargos de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria y miembros del consejo de administración de la empresa promotora del almacén, Escal UGS.

El juez Capilla también será el encargado de analizar la situación del órgano y comunicar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), así como a la Fiscalía, los medios, tanto materiales como de personal, que requerirá para instruir una causa de tal envergadura, que está previsto que pueda alargarse varios años, dada su complejidad.

sin precedentes // En este sentido, el portavoz del sindicato CSIF de Castellón en materia judicial, Arturo Losada, remarcó que, para realizar las pesquisas, serán necesarios refuerzos, pero no solo de juez, “sino también de personal que tendrá que auxiliar el expediente”. Losada destacó que no recuerda, en las últimas décadas, un macroproceso judicial de estas características en la provincia de Castellón, teniendo en cuenta el número de imputados.

Solo la documentación aportada por la Fiscalía, junto a la denuncia, ya suponen ocho cajas repletas de informes que, ahora, el nuevo magistrado deberá estudiar para decidir si ordena nuevas diligencias de investigación, además de las declaraciones. H