La acusación particular del caso de la DTB (Sociedad de Desarrollo Turístico de Benicàssim) ha solicitado, a dos meses de las elecciones municipales, una fianza de 200.000 euros para la alcaldesa, Susana Marqués, y todos los ediles populares de la corporación, imputados por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a raíz de la denuncia presentada por el portavoz local de Compromís, Domingo Ferrando, por la disolución de esta entidad público-privada creada con fines turísticos.
El abogado del edil nacionalista, Rafael Bellido, presentó la solicitud de esta fianza hace 15 días, con un escrito formal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón, dentro de la petición formulada al juez para que abra una pieza de responsabilidad civil, anexa al procedimiento principal, que ya se instruye.
El letrado de Ferrando explicó que, según el informe de un técnico externo pedido por la Fiscalía, “se determina que hay un agujero cercano a los 200.000 euros”, una cantidad que se calcula teniendo en cuenta los intereses.
Ferrando denunció el modo en el que se disolvió la sociedad mixta, tras aprobarse en sesión plenaria en noviembre del 2012. El procedimiento consistió en la adquisición de la totalidad de las acciones (60% pertenecía al Ayuntamiento y 40% a la AETB) y en el pago, por parte del consistorio, de la deuda existente de alrededor de 130.000 euros. H
