El presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, empresa explotadora de la planta Castor, negó ayer al juez cualquier relación entre los seísmos producidos frente a las costas de Vinaròs y la actividad de la planta, y afirmó que los mismos se corresponden con una “sismicidad natural”, según indicaron fuentes de la acusación popular. Es más, Del Potro, que declaró como imputado en el Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs, manifestó que la intensidad de los sismos registrados, con epicentros situados a 20 kilómetros de la costa, fue “totalmente inapreciable y, por lo tanto, no generó riesgo alguno”, detallaron desde la Asociación Nacional Arca Ibérica. Explicó que los sismos de intensidad 3, como los registrados en septiembre del 2013, “son insignificantes y sus consecuencias son comparables a las vibraciones que experimenta una vivienda cuando un camión transita por delante de ella”, resaltaron las mismas fuentes.
En su declaración ante el juez Víctor Manuel Capilla remarcó que la actividad de inyección de gas “no tuvo ninguna incidencia en la producción de los seísmos”, al argumentar que la energía aportada por dicha actividad “representaba únicamente una milésima parte de la energía liberada por los eventos sísmicos”, indicaron desde Arca Ibérica. No obstante, esta afirmación contradice lo manifestado en su momento por los técnicos del Instituto Geológico Minero Español (IGME), quienes reconocen la existencia de una relación directa entre la inyección de gas y los sismos.
Es más, en relación a las fallas transversales que se identifican en el informe del IGME del 2014, Del Potro sostiene que la afirmación de su existencia “carece de soporte científico” y afirma que “no hay la más mínima evidencia que las fallas situadas debajo del almacén sean potencialmente activas”, según las mismas fuentes.
El máximo responsable de Escal UGS eludió cualquier tipo de responsabilidad de la empresa, ya que desde el primer momento la mercantil “hizo los estudios de sismología que le habían requerido de forma exhaustiva”. El responsable de Escal UGS aseguró ante el juez que los estudios que barajaban “se centraban única y exclusivamente en la falla de Amposta” y, como indicaron desde la acusación popular, recalcó que “no podían tener conocimiento de existencia de otras fallas”.
El imputado manifestó que, con anterioridad a que el 13 de septiembre del 2013 el Observatorio del Ebro les sugiriese la conveniencia de paralizar la inyección o reducirla a los niveles de caudal que en las dos fases anteriores, tras registrarse 50 seísmos, “la mercantil ya había procedido a actuar por iniciativa propia. H
