La Generalitat ofrecerá a los propietarios de viviendas diseminadas, construidas antes del 2015 y que se encuentran en situación «alegal» (unas 400.000), la posibilidad de dar seguridad jurídica y legalizar su situación si invierten en el cumplimiento de la disciplina urbanística. Así lo anunció ayer la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se dio luz verde al anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (Lotup), del 2014, para que siga su tramitación.
Esta medida, que se incluye en dicho anteproyecto de ley, «es una demanda de todos los ayuntamientos y de los titulares de las viviendas», añadió Salvador, y pretende «legalizar las situaciones que en estos momentos se encuentran en un limbo por el despropósito de 20 años heredados en los que no se ha actuado».
La consellera precisó que no se trata de una legalización «masiva», sino que se dará la opción a los propietarios de la viviendas de invertir en el alcantarillado y en las conexiones de luz y de agua para regularizar su situación.
La modificación de la ley, añadió, «aporta medidas e instrumentos para dar solución a los efectos perjudiciales que han tenido en el territorio actuaciones urbanísticas o toleradas sobre criterios especulativos».
