Siete años después de que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tomara la decisión de modificar la normativa estatal, lo que suponía el fin del recurso cameral permanente o, lo que es lo mismo, la cuota obligatoria que hasta entonces abonaban las empresas para el mantenimiento de estos organismos, el proceso para renovar las presidencias ha quedado desbloqueado en esta última semana con la apertura, por parte del actual Ejecutivo, de un nuevo proceso que llevará a la renovación de las presidencias de las Cámaras a partir del próximo mes de octubre.

Al contrario de lo que pudiera parecer y si bien la decisión del actual gobierno de Mariano Rajoy supondrá un importante empujón a este proceso, dirigido a la convocatoria de elecciones en estos organismos, los comicios aún tardarán en llegar y todo indica que no podrán darse antes de la primera mitad del 2018, tal como aseveran fuentes conocedoras de los procedimientos orgánicos internos.

Las razones estriban, según las mismas fuentes, en que a la decisión del Gobierno central ha de seguir una serie de reformas administrativas de carácter autonómico y local, que permitan regular los procedimientos en un nuevo contexto marcado por la nueva Ley de Cámaras, aprobada en 2014.

Tras el cambio de la ley que regulaba estas instituciones de derecho público, el plazo legal que ha establecido el Gobierno para renovar los equipos directivos durará aún al menos doce meses a contar desde el 2 de octubre de este año. Solo a partir de esta fecha se podrán iniciar los procesos de renovación correspondientes en cada una de las corporaciones empresariales.

A estos plazos, sin embargo, hay que sumar la necesidad de que la Generalitat valenciana apruebe el correspondiente reglamento autonómico que regularán estos procesos. Y una vez se produzca, las propias corporaciones deberán abrir otro proceso interno para debatir y aprobar sus propios reglamentos internos que sirvan de soporte a los futuros comicios. Tras esta serie de cambios normativos, finalmente será la Generalitat la que apruebe y dé por abierto un plebiscito, que vendrá precedido por un dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que deberá pronunciarse sobre la ley valenciana de Cámaras aprobada hace dos años.

Con todo, el ritmo de los procesos lo marcará, a partir de ahora, la Conselleria de Economía Sostenible, porque en su mano está poner en marcha el proceso, que se espera pueda iniciarse en el próximo otoño, según las previsiones más optimistas. Para entonces se trabajará en la elaboración del censo que se hará público y que debe incluir a todas las empresas que estén domiciliadas en las correspondientes circunscripciones.