El juez del caso Gürtel Pablo Ruz ha citado a declarar hoy como imputado al exconcejal de Medio Ambiente de Pozuelo de Alarcón (Madrid) José Antonio Saénz Jiménez por una adjudicación, supuestamente irregular, a una empresa pantalla de la trama liderada por Francisco Correa.

En una providencia, Ruz también ha citado a declarar hoy como imputada a la propietaria de la empresa pantalla de Gürtel, MR&Asociados, a la que el consistorio madrileño adjudicó la organización del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (PARJAP) en 2004.

Se trata de María del Mar Rodríguez Alonso, a quien imputa, al igual que a Sáenz, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

También acudirá a declarar, en calidad de testigo, Raúl Gascón Alonso por su presunta relación con una de las sociedades investigadas en esta trama de corrupción.

Para adoptar esta decisión, el juez se basa en un informe policial y en otro de la Fiscalía Anticorrupción, que concluyen que la única empresa que se presentó al concurso y que resultó adjudicataria, MR & Asociados SL, "habría actuado como simple pantalla de las empresas del señor Correa de acuerdo con los indicios obrantes en la causa".

Por esta actuación, la empresa, gestionada por Rodríguez Alonso, cobró una comisión de 2.599 euros que se contabilizó como coste y se incluyó en la facturación finalmente abonada por el Ayuntamiento de Pozuelo, del que entonces era alcalde el también imputado Jesús Sepúlveda, exesposo de la ministra de Sanidad, Ana Mato.

De este modo, según lo investigado, se encareció "indebida e ilícitamente el precio abonado por esta entidad por los servicios relacionados con el Congreso PARJAP 2004".

Además, según indica en su informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, si bien desde 2002 se conocía la designación de Pozuelo como sede del XXXI Congreso PARJAP y ya desde julio de 2003 se estaba preparando, no es hasta el 15 de marzo de 2004 cuando se propone la contratación de servicios complementarios para la celebración del mismo como concurso de tramitación urgente.

De ese modo se impidió a las empresas interesadas en el concurso formular a tiempo sus ofertas y preparar la prestación de los servicios correspondientes, "propiciando que únicamente pudieran presentarse sociedades vinculadas a Francisco Correa Sánchez al conocer con anterioridad el pliego de prescripciones técnicas del concurso", según recoge el auto.

Además, los informes destacan que en la elaboración de esos pliegos habrían intervenido personas del entorno de Correa Sánchez que se habrían reunido con anterioridad a la publicación oficial del concurso con los funcionarios encargados de esta función, "coincidiendo el comienzo de esas reuniones con el nombramiento como alcalde" de Sepúlveda.

Entre esos funcionarios, según el juez, habría tenido un papel relevante José Antonio Sáenz Jiménez, en aquellas fechas concejal de Medio Ambiente.