Las viviendas construidas en la Marjaleria de Nules y Burriana que tengan una sentencia ordenando su derribo «tendrán que ejecutar la resolución judicial». Con esta claridad se expresó el asesor legal en materia urbanística convocado ayer por el Ayuntamiento de Nules para dar respuesta a las dudas de los vecinos sobre el nuevo marco legal que podría abrirse de modificarse la actual ley urbanística (Lotup), como ha anunciado el Consell.

Vicent García Nebot, de la empresa Axioma Consulting e Ingeniería, dejó claro a los afectados que hasta que la ley no esté aprobada «la situación sigue siendo la misma para todos». Reconoció que el anteproyecto de ley ha creado «muchísimas expectativas», aunque de momento solo es «una posibilidad», que en sus propias palabras podría definirse como una «amnistía para las 250.000 viviendas en todo el territorio valenciano que están construidas de manera ilegal», entre las que se encontrarían las más de 400 de la Marjal de Nules. García explicó a los propietarios que la redacción del plan especial por parte de los ayuntamientos «es fundamental». De él dependerá, entre otros, «que se paralicen las multas coercitivas».

Por su parte, el portavoz del PP, Mario García, denunció que el Ayuntamiento excluyó de la reunión a los concejales populares y exigió que convoquen la Comisión Especial de la Marjaleria.