El futuro recordará el Castor con 1.350 millones de euros --importe de 10 aeropuertos--, como el gran monumento socialista a la ineptitud en la gestión. Hoy el Tribunal Supremo obliga a cumplir el acuerdo indemnizatorio pactado por el PSOE y la empresa. Si tuviésemos que enmarcar en algún género literario lo sucedido con el almacén de gas, sin duda sería en el dramático. Una tragedia con una víctima, el pueblo español, y un protagonista del drama, el PSOE. Esta tragedia tiene cuatro actos:
1º- Acuerdo de Consejo de Ministros socialista de 31 de marzo de 2006 que incorpora en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2002-2011 el almacén Castor, declarando su obra como “A-Urgente”.
2º- Acuerdo de Consejo de Ministros socialista de 16 de mayo de 2008 de “concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural, denominado Castor”, que establece que “en caso de caducidad o extinción de la concesión… y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares… se compensará a la empresa concesionaria en caso de dolo o negligencia imputable a la concesionaria la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”.
El valor residual, tras la solicitud por parte del nuevo Gobierno en el 2013 de tasaciones independientes, se reduce a 1.350 millones de euros de los 1.700 solicitados por la empresa. Ante esta situación claramente lesiva, el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy, al comenzar su actividad, entiende que existen cláusulas abusivas negociadas por el anterior Ejecutivo socialista con ESCAL-ACS sobre Castor.
3º- El Consejo de Ministros del Gobierno popular de 11 de mayo del 2012, antes de producirse los seísmos, solicita actuar contra el lesivo acuerdo para evitar la indemnización pactada en el 2008 por considerarla abusiva y perjudicial para los intereses del Estado.
4º- El Tribunal Supremo, por unanimidad de sus 5 magistrados, en sentencia votada el 1 de octubre del 2013 falla desestimar la solicitud, del Gobierno de Rajoy, de nulidad del acuerdo socialista por el que obliga a pagar a la empresa Escal.
Esta tragedia tiene una parte cómica que es cuando dos personajes secundarios, Puig y Colomer, califican, respectivamente, la cláusula de “extraña” y de “leonina y perversa”. Pero lo que más sorprende, es que el villano de la tragedia, el PSOE de Puig y Colomer, seis años después de aprobar esta cláusula, pida al Tribunal Constitucional que anule la indemnización del Castor, que ellos mismos pactaron. H
*Secretario general del Partido Popular de Castellón
