Querido lector:
La total desaparición de los ingresos por parte de Bancaja aboca a la Fundació Caixa-Castelló --cuyo presidente Antonio Tirado hoy declara de perogrullo en Mediterráneo que se va-- a su práctica desaparición y con ella la gran parte de la obra social que desarrolla en la provincia, entre otras actividades la gestión de un presupuesto TOTAL de 6,7 millones de euros para satisfacer las necesidades más básicas de unas 800 familias de media, guarderías infantiles, casa cuna, centros culturales, centros medioambientales, colaboraciones y subvenciones en beneficio de organizaciones diferente sesgo ...y un largo etcétera.
Fuera del resultado que los tribunales de Justicia decidan tras las denuncias e imputaciones de la práctica totalidad de la cúpula de Bancaja, Banco de Valencia y Bankia, esta es la consecuencia social y colectiva más amarga de la crisis bancaria española y en especial valenciana. La desaparición de la antigua función social de las cajas de ahorro que va a perjudicar en Castellón la cobertura social de mucha gente y, al mismo tiempo, de muchos servicios.
Porque desgraciadamente, el escaso millón de euros que podrá gestionar esta fundación a partir de ahora, tras el ERE, entre fondos propios, simbólicos ingresos de actividad y la gestión de alquileres de sus 27 edificios, no va a dar para mucho. A lo sumo para salvaguardar algunos programas sociales.
Esta falta de actividad, sin duda, repercutirá en las administraciones públicas que deberán suplir las carencias de la fundación, aunque sea involuntariamente, con el coste añadido que pueda suponer.
Y en este contexto la pregunta es inevitable. ¿Esta negativa repercusión social cuenta para las imputaciones de los responsables de la gestión social y financiera?
