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Rodrigo Rato sigue bajando los peldaños de su particular infierno penal. El martes acudió a declarar ante el juez por la tercera pata de los casos que tiene abiertos (fraude fiscal y blanqueo de capitales en sus negocios personales) y salió con el pasaporte retirado. Una medida preventiva que limita su margen de libertad y que, junto al embargo de todos sus bienes decretado el mes pasado, coloca en una muy delicada situación a uno de los personajes que lo fue casi todo en la España de los últimos 20 años: vicepresidente del Gobierno con Aznar, director gerente del FMI y presidente de Bankia, al margen de sus múltiples negocios particulares. Su imputación añadida en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y en el del presunto fraude por la salida a bolsa de Bankia, dibujan un cuadro que resume buena parte de los males que padece este país.
En este contexto, las vagas referencias de Mariano Rajoy al daño que causa la corrupción y las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidiendo que se deslinde la figura del Rato político de la del Rato empresario son otro pueril intento de preservar al PP de toda responsabilidad sobre el personaje. Afortunadamente, la justicia continúa su labor pese a que algunos, de uno u otro color, actúen como si la cosa no fuera con ellos.
