El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ordenó ayer al Ayuntamiento de Callosa de Segura que paralice la retirada de la cruz franquista, pese a que esta había sido desmontada por la mañana.
El auto fue notificado a las partes interesadas después de que de madrugada, poco antes de las seis y media, se retirara la cruz con un fuerte dispositivo de seguridad, que se saldó con dos detenciones por resistencia a abandonar el lugar y también por lanzar petardos a los agentes.
Ayer tarde, los operarios trabajaban para desmontar la peana o base del monumento donde están inscritos los nombres de los callosinos que murieron durante la guerra civil en el lado franquista --de mármol blanco igual que la cruz--, para completar la retirada del monumento.
Sin embargo, el gobierno local tripartito (PSPV-PSOE, Izquierda Unida y Somos Callosa) se vio obligado a paralizar los trabajos tras la resolución del TSJCV.
La sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV accedió a la petición que le había formulado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz, representada en los tribunales por la Asociación Española de Abogados Cristianos, frente «a la actuación administrativa por vía de hechos» del consistorio de Callosa de Segura.
«Atendido a lo alegado por la parte apelante y la actuación del ayuntamiento, procede adoptar la medida cautelarísima» solicitada, recoge el auto, fechado ayer.
«La sala acuerda ordenar al Ayuntamiento de Callosa de Segura que cese inmediatamente» en la «ejecución de los trabajos de destrucción/retirada de la cruz y pedestal y/o su traslado a cualquier lugar», añade.
ALEGACIONES // El equipo de gobierno municipal ha convocado para hoy, a las 11.30 horas, una rueda de prensa para valorar la resolución judicial, que es firme y no admite recurso. Sin embargo, fuentes municipales informaron de que el consistorio analiza la posibilidad de presentar alegaciones en las próximas horas, toda vez que el plazo para hacerlo expira a las 15.00 horas de hoy.
El gobierno local de Callosa acordó en el 2016 la retirada de este monumento para cumplir con la ley de memoria histórica que prohíbe símbolos franquistas en lugares públicos.
Por su parte, el letrado de Abogados Cristianos de este caso, Juan José Liarte, afirmó, tras la resolución del TSJCV, que la cruz de Callosa es «un bien patrimonial protegido sobre el que hay varios procesos abiertos, entre ellos uno relativo a la protección de derechos fundamentales». Liarte anunció que «pedirá la restitución del monumento».
