Giro en la última jornada del juicio al falso médico gallego, José Manuel López Pérez (conocido como Coté) y su socio vinarocense, Frederic Jesús Gisbert. La ausencia de pruebas «suficientes» llevó a la Fiscalía a retirar las acusaciones de delito contra la salud pública y a reducir el de lesiones a solo uno de los casos investigados (el resto los considera ahora faltas). De esta forma, la petición de penas para ambos se reduce, tras cinco intensas jornadas de vista oral, de los 22 años y medio que pedía el Ministerio Fiscal en su escrito inicial a los 11 y medio de sus conclusiones, puesto que mantiene que sí ha habido delitos de estafa e intrusismo.

SIN ANÁLISIS // Uno de los principales motivos de este cambio de opinión del Ministerio Público es que la responsable de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que declaró ayer como perito explicó que no pudieron analizar el contenido de la jeringuilla con una «sustancia blanca» que les remitió el juzgado en el marco de la causa. «Nuestro laboratorio no tiene capacidad de análisis de componentes indeterminados sino tan solo de verificación de sustancias», añadió.

Además, una de las forenses que participó en el juicio tampoco pudo acreditar de forma fehaciente que la mayoría de víctimas presentaran lesiones derivadas de los efectos secundarios producidos por los tratamientos. Eso sí, el jefe de servicio del Instituto Médico Legal de Castellón, José Antonio Presentación, calificó de «barbaridades científicas» algunas de las prácticas realizadas en la clínica Estetic Medical Center del Baix Maestrat. Esos tratamientos, entre los que destacan biopsias, autotransfusiones o liposucciones hechas sin el material correspondiente son el origen del proceso, en el que hasta 42 pacientes figuran como denunciantes.

El fiscal sí consideró mantener los delitos de intrusismo y estafa, tanto para Coté y Gisbert como para la esposa de este último, para la que mantuvo la petición de 8 años y 5 meses de cárcel al creer que no podía estar al margen de la trama urdida por los dos primeros. Además, el Ministerio Público cree que los dos principales acusados obtenían dinero por «administrar medicina» cuando, tal y como se ha acreditado, no tienen el título en España.

Por su parte, las acusaciones mantuvieron los delitos de lesiones y contra la sanidad pública, mientras las defensas pidieron la absolución de sus clientes.