El policía local de Burriana, acusado de abusos y agresiones sexuales a ocho menores, todos ellos varones, se enfrentará a una pena de prisión de 98 años. La Fiscalía lo acusa de cuatro delitos de abuso sexual con acceso carnal, tres de abusos continuados, uno de agresión sexual y nueve delitos de corrupción de menores, cometidos, presuntamente, entre los años 2007 y el 2014.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Mediterráneo, el agente José Antonio M.M. se aprovechó de su autoridad como policía local para contactar con adolescentes de entre 14 y 18 años con problemas policiales y/o judiciales, ofreciéndose a mediar en ellos. El acusado, supuestamente, entregaba dinero y regalos a los menores y los amenazaba con entorpecer los procesos judiciales si no mantenían relaciones sexuales con él.

Al parecer, los adolescentes no oponían resistencia física por el temor a las consecuencias.

José Antonio M.M. mantuvo, presuntamente, contacto íntimo con un niño de 14 años, dos jóvenes de 15, cuatro de 16 años y con un chico que acababa de cumplir la mayoría de edad. Además, lo intentó con otros dos menores de 14, a los que chantajeó e insistió, según la fiscal, sin acceder estos a sus pretensiones sexuales.

LOS ENCUENTROS // La víctima de menor edad podría haber sufrido abusos continuados durante cuatro años, hasta que alcanzó los 18, coincidiendo con la detención del policía local. El afectado, que padecía una situación económica precaria y vivía en la calle en algunos periodos de tiempo, recibió efectivo en cada uno de los encuentros sexuales con el acusado. Los abusos tuvieron lugar, según el Ministerio Fiscal, tres o cuatro veces por semana durante su adolescencia, no siendo posible determinar el número exacto de ocasiones. La Fiscalía acusa al agente de protagonizar penetraciones anales y felaciones con el citado menor de edad.

En varios de los casos, el presunto pederasta amenazaba a los chicos, diciéndoles que “ingresarían en un centro de reeducación de menores y, posteriormente, en un centro penitenciario” si no accedían a sus proposiciones.

La libertad sexual y el carácter de algunos de los menores se ha visto afectada, según el escrito de acusación, por estos hechos. Las víctimas presentan “daños y perjuicios de carácter moral”, “personalidad dependiente y antisocial”, “sintomatología de tipo ansiosodepresivo” y “trastorno del estado de ánimo”, por lo que el Ministerio Público solicita para los afectados una indemnización total de 166.000 euros. H