Como estaba previsto, y a petición del Consejo de Ministros, el pleno del Tribunal Constitucional suspendió anoche de forma cautelar la convocatoria del referéndum catalán de independencia del 1 de octubre al admitir a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno contra las medidas adoptadas el miércoles por el Parlamento y el Ejecutivo catalanes. Las resoluciones suspendidas son la ley del referéndum, el propio decreto de convocatoria del referéndum, la resolución de la Cámara catalana por la que se ha designado a cinco miembros de la Sindicatura Electoral, y las normas complementarias que acompañan el decreto de convocatoria.
La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional -reunido ayer durante hora y media- admitió a trámite los escritos del Gobierno. Ahora bien, ni la admisión a trámite ni la suspensión cautelar determinan cuál será el sentido del fallo sobre el fondo de todos los asuntos, aunque el Gobierno central ha pedido la nulidad de todos ellos.
Mientras, el el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció que se presentará una querella contra el president catalán, Carles Puigdemont, y todos los miembros del Gobierno de la Generallitat por los decretos de convocatoria y organización del referéndum del 1-0. De forma paralela, se presentará otra querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa de la cámara catalana que permitieron la tramitación de la ley del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad política. La fiscalía superior de Cataluña está ultimando los dos escritos que serán presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por la condición de aforado de los acusados. Los delitos serán de prevaricación y desobediencia y no se descarta el de malversación de fondos públicos.
Por otra parte, Maza explicó que, con pleno acuerdo de la fiscalía catalana, se ha dado instrucciones a las fiscalías provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona para que investiguen, auxiliadas por la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, cualquier acto preparatorio de la consulta soberanista, a la vez que faculta a las fuerzas de seguridad del Estado para intervenir cualquier material o «instrumentos» destinados a preparar el 1-0.
VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
Maza detalló en su breve comparecencia, en la que no se permitieron preguntas de los periodistas, las actuaciones de la fiscalía «en defensa de la legalidad» y respecto a la «grave» situación provocada por representantes de la Generalitat. Según sus palabras, los responsables del gobierno catalán han actuado «en violación de la Constitución y del propio Estatuto de autonomía y desobedeciendo frontalmente» los reiterados pronunciamientos de las resoluciones del Tribunal Constitucional.
El fiscal general aseguró que la Fiscalías de la Audiencia Nacional, ante el Tribunal de Cuentas, y las fiscalías catalanas «seguirán actuando con firmeza, proporcionalidad, celebridad y con plena sujeción a la legalidad para garantizar nuestro marco de convivencia constitucional».
Y todo en una jornada en la que en el Parlamento catalán continuó el pleno iniciado el miércoles. Ese día, ya de madrugada, Puigdemont y el resto de miembros del Gobierno catalán firmaron la convocatoria del referéndum del 1-O, y después la mesa de la Cámara catalana la admitió a trámite para que fuera debatida en pleno la ley de transitoriedad, supuestamente la norma que debe regir la hipotética transición de Cataluña hacia una república independiente.
Junts pel Sí (JxSí) y la CUP hicieron valer ayer su mayoría para forzar la inclusión en el orden del día del pleno del debate y votación de la ley de transitoriedad, en medio de una nueva agria polémica con los grupos de la oposición. Los 71 votos a favor de JxSí y la CUP fueron suficientes para acordar la ampliación del orden del día, frente a los 60 votos en contra de la oposición y dos abstenciones de diputados del grupo de Catalunya Sí Que Es Pot.
EN UNA TASCA
Tras cuatro reuniones de la Mesa del Parlament, que habían interrumpido el pleno para analizar las peticiones de la oposición de reconsiderar la admisión a trámite de la ley, finalmente la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, llamó a votar, pese a las quejas de Ciudadanos, PSC y especialmente el Partido Popular de Cataluña. Desde su escaño, el presidente del PPC, Xavier García Albiol, recriminó a Forcadell que tomara decisiones «como si estuviese en una tasca».
Tras muchas discusiones, finalmente se abrió un plazo de dos horas para que los grupos presenten enmiendas a la ley, tras lo que podría empezar el debate. Al cierre de esta edición la oposición trataba de forzar nuevas reuniones de la Mesa de la Cámara para complicar todo lo posible la votación final sobre la ley.
