El cierre es innegociable. La sentencia no nos deja otra opción”. Con estas palabras, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, cerraba ayer, a las 9.45 horas de la mañana, la puerta a una salida menos traumática al problema que se le creó el martes al Consell con el fallo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) de Canal 9, Ràdio 9 y el ente.
“No va a haber marcha atrás”, reiteró Fabra al final de su comparecencia en el Palau de la Generalitat. El argumento que esgrimió en repetidas ocasiones en los aproximadamente 20 minutos en que compareció ante los medios fue puramente económico. La anulación del ERE, que obliga a readmitir al millar de trabajadores despedidos, haría que el Consell debiese asumir una partida en el capítulo de gastos de personal de “40 millones” adicionales. Y en este momento “no tenemos dinero” para ello.
No lo hay porque “hay que priorizar las políticas sociales”, destacó. “Si hay una línea roja para el Gobierno de Fabra es mantener los servicios básicos”, indicó. Este argumento, en diferentes variantes, lo repitió el jefe del Consell durante todo su parlamento: “Había unas prioridades: garantizar el Estado de Bienestar para los cinco millones de ciudadanos de la Comunitat”.
Fabra resaltó que en los presupuestos de la Generalitat para este año “87 de cada 100 euros” van destinados “a políticas sociales, sanidad o educación”. Y, para seguir manteniendo estas partidas, que se ven dificultadas por el objetivo de déficit que obliga al Gobierno autonómico a reducir gastos año tras año, “hicimos el ERE, porque solo reduciendo el tamaño” de Canal 9, sus medios hermanos y el ente “podemos hacer sostenible RTVV”. En este sentido, el presidente de la Generalitat lanzó una frase lapidaria: “No voy a cerrar ni un colegio ni un hospital para mantener RTVV”.
comunicación con Hacienda // En su comparecencia, el máximo responsable del Gobierno valenciano reconoció que, en la reunión que mantuvo el viernes con el resto de miembros del Consell y en la que se adoptó la decisión de que Canal 9 desapareciese, llamó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para comunicarles “que iba a tomar esta decisión”. Lo que no confirmó es que había tratado con ambos la posibilidad de obtener fondos extra para mantener la televisión pública valenciana, sino que, cuando habla con ellos para pedirles dinero, “es para otras prioridades”.
En sus respuestas a los periodistas, Fabra, que en ocasiones pudo oír los gritos que lanzaban los trabajadores congregados en el exterior del Palau de la Generalitat, reconoció que el Ejecutivo autonómico “está ahora evaluando” el coste económico de readmitir a los casi mil trabajadores despedidos, no tiene “cuantificado al detalle” cuánto costará despedir a la plantilla una vez reintegrados aquellos: “Será un año de coste de la propia televisión”. La cuenta es clara: el despido mínimo en función de un expediente de regulación de empleo son 20 días por año con un tope de 12 mensualidades.
Pero, a pesar de no estar esto contabilizado, el presidente de los valencianos negó la posibilidad de que se pudiese haber reintegrado a la plantilla (que debería haber devuelto las indemnizaciones ya cobradas) y en un plazo breve de tiempo haber pactado un nuevo ERE con los sindicatos. “El momento de la negociación y de darse cuenta de las circunstancias actuales ya ha pasado”, dijo, para añadir, “ha habido quien no lo ha entendido o no lo ha querido entender”, señalando a los sindicatos, que llevaron el ERE a los tribunales y “tendrían que haber asumido en su día cuál es la realidad de esta Administración”.
Císcar seguirá // Con este reproche, y tras reconocer que el cierre de Canal 9 “es la decisión más difícil” que ha tenido que tomar al frente de la Generalitat, Fabra descargó además toda la responsabilidad del fallo judicial en la directora general de RTVV, Rosa Vidal. Destacó que no va a haber responsabilidades políticas en el Consell y “por supuesto”, el vicepresidente José Císcar, responsable de la radiotelevisión pública en el Consell, seguirá en su puesto. “Hemos hecho las cosas lo mejor posible”, señaló el president, quien apuntó en este sentido que incluso “hemos ido de la mano de una empresa para que nos asesorara”. Precisamente, a este respecto Fabra señaló que el Consell va a “estudiar” jurídicamente si puede actuar sobre esta empresa, el bufete de abogados Garrigues, por los servicios prestados.
Respecto a la evolución del proceso para el cierre, Fabra señaló que “lo están viendo los servicios jurídicos y será rápido”. H
