La palabra se ha hecho famosa en los últimos años. Se trata de catastrazo, ese término del que los alcaldes reniegan para referirse a la subida en el recibo del IBI que en los peores años de la crisis han sufrido los ciudadanos, pero que se ha convertido en uno de los grandes sustentos de los ayuntamientos para mantener sus servicios y estructuras desde que la caída del mercado inmobiliario dejó sus ingresos bajo mínimos. Un esfuerzo que se le ha exigido a las familias para cuadrar los presupuestos municipales, ya que buena parte de los ayuntamientos tienen entre el 20 y el 30% de sus ingresos anuales pendientes de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Los números no engañan, y estos reflejan que, al margen de los niveles de morosidad que se alcancen, los 135 municipios de la provincia recaudaron el año pasado algo más de 219 millones de euros vía IBI, un montante que supera en 13 millones (6%) la cantidad alcanzada en el 2012 (206,4 millones) y que continúa la escalada de los últimos años (148 millones en el 2008).

Es cierto que los progresivos encarecimientos del recibo vienen marcados por la Dirección General del Catastro, que es el organismo al que compete fijar la tasación de cada inmueble atendiendo a variables como su localización, su antigüedad o el precio del suelo. Pero los ayuntamientos tienen margen de maniobra. Además de aplicar bonificaciones o conceder ayudas para los colectivos más desfavorecidos, la principal herramienta que los alcaldes tienen en sus manos es el tipo de gravamen, que es el porcentaje que se aplica al valor catastral de cada inmueble para calcular la cuota a pagar y que, por ley, debe oscilar entre el 0,4 y el 1,1%. Y ahí es donde la mayoría de ayuntamientos ha anunciado rebajas. H