Las telecomunicaciones, especialmente, la telefonía, la electricidad y el gas solían ser los principales sectores sobre los que recaían la mayoría de reclamaciones de los consumidores de la provincia de Castellón. Pero, durante el último año ha entrado con fuerza un nuevo foco de quejas. Es el que hace referencia a los productos y servicios financieros, ya que en los seis primeros meses de este año el servicio territorial de Consumo de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio ha gestionado en Castellón 94 reclamaciones a este respecto.

Ya es el segundo sector con mayor número de quejas, tras la telefonía (394) y por delante de grandes superficies (55), vehículos (43), gas (28), electrodomésticos (25), luz (23), seguros (21) y transporte (20). Hasta hace poco tiempo resultaba casi impensable que un consumidor presentase una reclamación formal, a través de este organismo autonómico, contra una entidad financiera por considerar que el servicio contratado no se ajusta al que está recibiendo. En este sentido, el portavoz de la Unión de Consumidores (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, ha destacado “el aumento” que están detectando en los últimos meses en cuanto a quejas y reclamaciones bancarias se refiere. “Con la crisis está habiendo un repunte en este tipo de actuaciones”, ha remarcado Insa, quien ha explicado que las protestas se centran en las comisiones que cobran las entidades, las participaciones preferentes y las ejecuciones hipotecarias por impago de préstamos.

PREFERENTES // Y es que en las últimas semanas se ha incrementado considerablemente el número de particulares, en su gran mayoría personas de avanzada edad, que acuden a UCE Castellón en busca de una solución por haber depositado sus ahorros en participaciones preferentes de entidades como Bankia o la CAM. Se calcula que el número de castellonenses afectados podría ascender a 10.000, que tendrían invertidos en este controvertido producto financiero entre 200 y 300 millones de euros.

A este respecto, como ya adelantó Mediterráneo, un juez de Castellón ha admitido investigar la primera demanda colectiva por participaciones preferentes en la provincia de Castellón. La UCE fue la encargada de interponer esta demanda en nombre de cinco afectados, mientras que ha tenido que aplazar para septiembre la segunda demanda que preveía presentar, a final de julio, en representación de seis afectados por valor de 300.000 euros. Las últimas sentencias judiciales que condenan a diversas entidades a devolver a los clientes el dinero depositado en preferentes están sirviendo de estímulo a muchos pequeños ahorradores a la hora de plantearse denunciar.

De todos modos, la mayoría de consumidores se resiste a llevar sus quejas a los tribunales. Así, según el balance de Consumo en Castellón durante los seis primeros meses del año ninguna de las 94 reclamaciones sobre bancos y finanzas llegó a materializarse en una denuncia judicial. H