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política de atención a los más necesitados

La ciudad paga 300.000 euros al año por alquileres sociales

Unas 150 familias con escasos recursos se benefician de las ayudas municipales

 

Servicios Sociales asume el arrendamiento de pisos a familias necesitadas. - MEDITERRÁNEO

JOSEP CARDA
01/12/2017

El Ayuntamiento de Vila-real destina cada año cerca de 300.000 € a pagar el alquiler de viviendas de familias con escasos o nulos recursos económicos, tanto con subvenciones directas como a través de la renta garantizada.

Así lo informa el concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, quien indica que aproximadamente la mitad del dinero que su departamento asigna en ayudas a personas desfavorecidas (270.000 € en el 2015 y 240.000 en el 2016, a los que hay que sumar la renta garantizada, 179.000 y 209.000, respectivamente) beneficia a cerca de 150 unidades familiares en arrendamientos.

Escorihuela explica que, «aunque es verdad que no hay nuevas viviendas sociales, pese a que no es competencia municipal», trabajarán para que la «Generalitat pueda construir más edificios con este fin». Sin embargo, hace hincapié en que, «ante esta situación, este equipo de gobierno no ha permitido nunca que nadie se quede sin un lugar donde vivir». «Eso es algo que está garantizado y estamos haciendo lo que podemos, junto a las entidades sociales que trabajan mano a mano con el Ayuntamiento para atender todos los casos de la ciudad».

NECESIDADES BÁSICAS // El edil de Servicios Sociales insiste en que la otra mitad de las ayudas que dio su departamento en el 2015 y en el 2016 --números que «serán similares este ejercicio»--, tienen como objetivo cubrir gastos de necesidades básicas, de manera que se colabora con los beneficiarios a la hora de abonar los recibos de la luz, agua o gas.

Escorihuela alude a la «estrecha colaboración» de los técnicos de su departamento con las entidades que atienden a residentes sin recursos --Cáritas, Sant Vicente de Paúl, Cruz Roja y Joventut Antoniana--, «que también asumen este tipo de subvenciones y, por tanto, se evitan duplicidades al conceder las mismas».

Y resalta la «dificultad» de acceso a la vivienda por parte de los usuarios de los Servicios Sociales, «porque los propietarios de los pisos son reticentes, a pesar de que el consistorio garantiza que se les pagará el arrendamiento».