La corporación municipal de Vila-real aprobó en el pleno extraordinario y urgente celebrado en la mañana de ayer --con los votos a favor del PSPV-PSOE y Compromís, y la abstención del PP y Ciudadanos (Cs)-- iniciar el proceso de contratación de un préstamo, por un importe de 4.895.000 euros, de los que 4.345.000 se reservarán para abonar parte de la deuda urbanística de la que la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, responsabilizó al urbanismo «cínico, descabellado y desproporcionado» de los anteriores gobiernos locales del PP. Además, otros 550.000 euros se destinarán al pago de la anualidad por la compra del Gran Casino.
«En sentencias urbanísticas llevamos pagados por este ejecutivo más de 20 millones de euros, a los que hay que sumar los 15 millones abonados por el préstamo de 20 millones contratado por el último gobierno del PP», recordó Escrig, quien anunció que, «desgraciadamente, en breve habrá más sorpresas urbanísticas, porque en 16 años, los populares jugaron al monopoly, expropiando, ocupando y abriendo avenidas sin pagar a los dueños de terrenos».
El asunto no estuvo exento de acusaciones mutuas, especialmente entre los socialistas y los populares, por la gestión realizada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1993. Y ello, pese a que desde la oposición se evitó entrar en el debate de la cuestión, aunque sí que justificaron su abstención en el turno de explicación de voto.
CONSECUENCIAS // Al respecto, para el portavoz del PP, Héctor Folgado, la contratación de este préstamo se requiere para «pagar las consecuencias desastrosas del PGOU que ustedes (PSOE) hicieron y para seguir comprando palacios». Y añadió que, con este crédito, el alcalde, José Benlloch, «reconoce su incapacidad para gestionar el urbanismo».
Por su parte, su homólogo de Cs, Domingo Vicent, centró sus críticas en la parte del préstamo que se destinará al abono de la anualidad por la compra del Gran Casino. «Llevamos pagado un millón en este edificio que, por contra, sigue cerrado», dijo.
En su intervención final, el alcalde Benlloch no desaprovechó la ocasión para arremeter contra «las mentiras» del PP. «Muchos propietarios de terrenos fueron víctimas de la gran estafa del urbanismo del PP», aseveró el munícipe, quien añadió que este hecho «debería tener repercusiones penales, porque esto está arruinando a nuestra ciudad».
En este sentido, el primer edil enumeró buena parte de las reclamaciones aprobadas, por el momento, por el Jurado de Expropiación de Castellón y que suman los 4,3 millones de euros.
