«Cita previa obligatoria». Es el cartel que todavía reza en los accesos a la gran mayoría de instituciones públicas de Castellón y con el que se encuentran los ciudadanos cuando acuden a realizar sus trámites o solicitar información.
Esta situación se repite desde la irrupción de la pandemia y la llegada de la «normalidad mejorada» no ha supuesto un cambio en el panorama. La cita previa vino para quedarse pese a que la presencialidad vuelva a ser la tónica dominante en muchos servicios.
El regreso a las oficinas de los funcionarios de la Generalitat tampoco revertirá por ahora en un cambio palpable para los castellonenses. La administración autonómica decretó el fin del teletrabajo motivado en la crisis sanitaria para el 15 de octubre, después de que lo hiciera el Gobierno central para su plantilla.
De hecho, la previsión a partir de ahora es establecer una nueva normativa que no afecte a los puestos que requieran presencialidad, como bien ocurre en las oficinas de atención al ciudadano, quienes seguirán afrontando esperas y llamadas para acceder a realizar un trámite.
Desde la Unión de Consumidores de Castellón, Juan Carlos Insa explica que «muchos usuarios nos llaman quejándose de que nadie les coge el teléfono o les resulta imposible coger cita». Y es que, ayer mismo algunos servicios dependientes del Consell, como el registro de la Delegación Territorial de Igualdad o la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Evha), ofrecían cita con más de una semana de espera desde la solicitud.
Recuperar relación
Desde sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO), el responsable de Servicios Públicos de Castellón, Manolo Martínez, aboga por «recuperar la relación directa con el ciudadano» con tal de «facilitar la conciliación y evitar la brecha digital, ya que no todo el mundo puede realizar los trámites de forma telemática y no por ello tiene que esperar un largo periodo», valora. Una cuestión sobre la que Juan Carlos Insa ahonda más y defiende desde su organización que «el problema es notable en la Generalitat, pero se agrava más en los ayuntamientos, pues se dan situaciones en las que resulta imposible contactar».
«Si tienes una urgencia es ya prácticamente imposible solucionarla de forma presencial», sentencia. La capital de la Plana, por ejemplo, ofertaba ayer en su portal la primera cita en el Palau de la Festa para el registro general para el 8 de noviembre, dentro de casi un mes. Mientras, en el caso de Vila-real, la espera ronda los cinco días, al igual que en otras localidades de la provincia, donde pese a la mejora de la situación epidemiológica, la cita previa obligatoria está ya asentada y nada apunta a su flexibilización.
El teletrabajo, al menos en el sector público, ha llegado también para quedarse. El día 16 de este mismo mes todos los funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana tendrán que estar presentes en sus puestos de trabajo, después de que el día anterior haya quedado sin efecto el decreto que regula el trabajo remoto con motivo del covid.
Sin embargo, esto será algo puntual y solo mientras los sindicatos y la administración autonómica perfilan una nueva normativa para poder trabajar desde casa, siempre cuando no alteren la actividad habitual de las instituciones y de forma parcial, combinando asistencia con la labor desde casa.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castellón, Elia Bodí, afirma que desde el sindicato comparten el planteamiento del Consell, después del precedente nacional, a la vez que recalca que «con esta medida se anula el teletrabajo por tema covid y solo podrán acogerse los puestos que no requieran presencialidad» y que «la atención al ciudadano se respetará», en respuesta a las quejas por la prestación de algunos servicios actual hacia la ciudadanía de la provincia.
Mientras, Manolo Martínez, responsable del área en Comisiones Obreras, detalla que esta resolución «al final establece un plazo para que las Consellerias adopten sus propias condiciones respecto al teletrabajo». La intención, según concreta, pasa por «revisar las condiciones donde el servicio sea 100% presencial y ajustarlo donde no se requiera la asistencia», por lo que afirma que estarán «vigilantes» en el desarrollo de la normativa.
Esto afectará especialmente a personas dedicadas a administración en Castellón, de los más de 18.700 que tiene la Generalitat en Castellón, aunque el grueso es de educación y sanidad. I. C.
