La semana que termina vuelve a ser negra para el sector cerámico español, concentrado en la provincia de Castellón. El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto ley para hacer frente a la crisis energética y los efectos de la guerra en Ucrania, con medidas que se quedaron muy cortas para los intereses del sector, que seguirá sufriendo de unos elevados costes en el gas natural. Dentro de este panorama, que ya ha derivado en la presentación de casi una treintena de ERTE con más de 4.000 trabajadores afectados, hay un escaso aspecto positivo, como es el descenso del precio de derechos de emisión de CO2. Este mercado cerró el mes de marzo con una reducción del 18% respecto a febrero, al pasar de 90,79 euros por tonelada emitida a 75,13.
Es el mayor descenso registrado hasta la fecha, si bien desde la asociación que agrupa a los fabricantes de cerámica, Ascer, señalan que el precio «sigue siendo desorbitado». Es casi el doble que el importe de marzo del 2021, cuando estaba en 40,87 euros.
Ascer advierte desde hace tiempo que este mercado de derechos de emisión debería reformularse, al entender que el aumento en los costes no se debe a causas reales sino a meros intereses especulativos. En los últimos años han sido muchos los inversores que han apostado por este mecanismo, al considerar que ofrecía buenas rentabilidades creyendo que el precio del CO2 siempre estaría al alza. En cambio, la especulación se centra ahora en otros campos, como el coste del gas natural, mientras hay analistas que detectan que las sanciones económicas contra Rusia por la guerra han liberado parte de la presión que ejercían inversores desde ese país, que se han retirado. Es un ejemplo de las disfunciones de los mercados, cuyas variaciones de precio no son por causas objetivas.
Competitividad
Los fabricantes de azulejos han solicitado en diferentes ocasiones cambios del actual marco del CO2, ya que a la especulación se suma la pérdida de competitividad respecto a empresas de fuera de la UE que se dedican a fabricar los mismos productos, y que no tienen que arrastrar esta carga tributaria. Para paliar una pequeña parte de las consecuencias de la crisis, España ha optado por aumentar hasta en 65 millones de euros las ayudas para compensar estos costes.
Un crecimiento disparado
El crecimiento desorbitado de los derechos de emisión de CO2 se comprueba al mirar los datos pasados. Según marca el indicador de Sendeco2, en marzo del 2017 la media del mes se fijó en 5,10 euros. Catorce veces menos que ahora. Hasta ese momento los costes se habían mantenido estables, mientras que a partir del 2018 comenzó una espiral alcista que llegó a su tope -por el momento- en febrero con casi 91 euros.
La patronal cerámica, Ascer, tuvo en el 2020 unos costes relacionados con el mercado de emisiones de 11,11 millones de euros. El precio estuvo fijado en 24,75 euros. Tan solo un año más tarde la factura se multiplicó por ocho, hasta alcanzar los 85 millones, con un precio de 53,55 euros. Además de este incremento, el sector recibe cada vez menos compensaciones para evitar la denominada ‘fuga de carbono’, por el que parte de las emisiones se quedan bonificadas para evitar que las industrias se deslocalicen hacia otros países que no cuentan con este tipo de cargas.
Además de ver cómo el precio ha ido a la baja desde el estallido de la guerra, el Gobierno ha ampliado las bonificaciones hasta el máximo que permite la Unión Europea.
