El delegado de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) en la Comunitat Valenciana, Lluís Calatayud, será uno de los ponentes que participará en el encuentro que, bajo el título Presente y futuro de la fotovoltaica en la Comunitat Valenciana, se celebrará hoy, en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Castellón, a las 19.00, y en el que, junto con la directora General d’Industria, Energia i Mines, Silvia Cerdà Alonso; el director general de Anpier; el subdelegado de Anpier, Vicente Mora; y el abogado especializado en desarrollo fotovoltaico, Ángel Escribano, analizará la situación de los pequeños desarrollos, actuales y los que están en proyecto, en materia de esta energía renovable. Calatayud profundizará en lo que califica como una "estafa" institucionalizada, fruto la ley del 2004 promulgada por el Ejecutivo de Aznar y l posterior Real Decreto del 2013 del gobierno popular.
La coyuntura actual, marcada por la crisis internacional y el encarecimiento de los combustibles y la energía eléctrica convencional, así como el cambio climático, hacen evidente una necesaria transición energética. ¿Qué función ejerce la energía fotovoltaica en este proceso?
La energía fotovoltaica jugará un papel muy importante en la consecución de la independencia energética. Su principal valor, además de su condición de energía verde es que todo el mundo puede tener acceso a ella y apuesta por el autoconsumo. Sin duda, es necesaria e imprescindible y la solución a los problemas que tenemos como sociedad.
¿Cuál es el papel de la cooperación en la inversión pública y privada del proceso de maduración de las energías renovables?
Para empujar esta transición, Europa decidió invertir en la creación de plantas fotovoltaicas como solución de futuro en los primeros años del nuevo milenio. En 2004, el Ejecutivo de Aznar aprobó un Real Decreto para pagar la luz producida. Con esa llamada, que era atrevida, tan solo se pusieron cuatro placas. No hubo respuesta. Zapatero lo modificó y convirtió el porcentaje en una cuantía específica. Junto a IDAE, se publicó una campaña publicitaria que anunciaba que «el sol puede ser suyo». Se apeló al patriotismo para cumplir el mandato europeo. De los 25.000.000 euros de inversión, en torno al 75 % se obtuvo de préstamos solicitados a la banca. El lema era muy claro, decía lo que íbamos a cobrar por producción. La realidad es que en 2010, ante el problema del déficit tarifario, sufrimos un recorte de 700 millones de euros durante tres años. A cambio, en negociación parlamentaria conseguimos aumentar a cinco años la retribución o derecho de cobro, que vino a cubrir dicho recorte. En la Comunitat Valenciana, la incidencia gira en torno al 11 %, lo que afecta a 6.500 familias. Fue el inicio de un carrusel de recortes retroactivos, especialmente profundos cuando el Gobierno de Rajoy impuso un recorte de hasta el 45% de los ingresos que un BOE estableció y que motivó nuestro esfuerzo inversor, una ruina para todos nosotros.
El Estado robó a los pioneros fotovoltaicos y exigimos una compensación
Algunos tribunales arbitrales atribuyen una rentabilidad del 7,39 % que, según Anpier, no se ajusta a la realidad ¿Cuáles son los indicadores que marcarían este dato y la situación real?
Esa rentabilidad es una fórmula que no entiende nadie y no se sabe explicar. Esos valores están basados en datos inventados y, por ende, inciertos. Los recortes son permanentes, con una merma media del 30% de lo que nos correspondería. Los demandantes internacionales, inversores como nosotros en plantas como la nuestra, están ganando los laudos internacionales y serán compensados, mientras a nosotros no se nos ofrece compensación. Un verdadero disparate: dos injusticias por un mismo hecho con la agravante de que el extranjero sale beneficiado y nosotros defenestrados.
¿Qué análisis le merece la situación de la Comunitat Valenciana?
En la Comunitat Valenciana, la incidencia de la situación generada como consecuencia del Real Decreto gira en torno al 11 %, lo que afecta a 6.500 familias. La Comunitat está experimentando un boom de proyectos de este tipo de energía, con una clara apuesta de los particulares por el autoconsumo y la creación de plantas y megaplantas. Sin embargo, existe mucha desorganización y falta de planificación por parte de la Administración. Me consta que el Consell está trabajando duro, pero es insuficiente. Hay varios decretos que intentan abordar esta tendencia, pero no salen autorizaciones y no se está construyendo.
¿Qué carencias presentan las economías de escala?
El hecho de que se esté creando una burbuja con proyectos fotovoltaicos es un gran inconveniente. España aboga por generar 30.000 MW de energía fotovoltaica, para lo que ya se han presentado 100.000 en proyectos. En este sentido, la creación de macroplantas y su modelo de producción, mayoritariamente de capital extranjero, supone la búsqueda de beneficios que no tiene en cuenta el impacto directo ni indirecto en el territorio, ni el impacto ambiental, paisajístico, etc., por lo que suponen pérdidas para el municipio en el que se asientan. Anpier apuesta por la generación y propiedad distribuida, a través de la creación de pequeñas plantas de hasta 5 MW, en los municipios de toda España. Una construcción impulsada por la sociedad civil que repercuta en beneficio de la misma a través del favorecimiento del autoconsumo, la disminución del impacto ambiental y la generación de empleo. De este modo se ahorrarían pérdidas. Por todo ello, es vital que se apueste por plantas pequeñas con generación y propiedad distribuida. El impacto ambiental es positivo y se genera riqueza, por lo que a nivel social es más equitativa. Sería más útil que cada localidad tuviera el máximo número de tejados llenos de placas, que la energía se generase donde se consume. Las comunidades energéticas locales son una gran baza, pero también son necesarias las plantas de suelo racionales y participadas.
¿Qué valor tiene el acuerdo adoptado por PSOE y UP sobre la reparación de la situación de pequeños inversores perjudicados?
La sensibilidad por parte del Gobierno y del propio Pedro Sánchez existe. No es que confíe, es que necesito confiar y creer que van a cumplir con su promesa y acuerdo. El presidente se comprometió personalmente. También soy consciente de que no se va a resarcir al 100 % a esas 62.000 familias fotovoltaicas. Queremos que se atiendan nuestras reclamaciones. Se nos ha robado injustamente por parte del Estado. El porcentaje tendrá que negociarse. Nuestra exigencia es que se resarza la injusticia a la que se sometió a los pioneros fotovoltaicos, generada por el Partido Polular en el año 2013. Continuamos esperando una reparación moral y económica. Algunos, gracias a la refinanciación en masa, han evitado perder sus hogares, que fueron garantía frente a la banca de sus inversiones, pero consideramos que todo este esfuerzo debe tener un retorno justo, por muy alejado que esté del que el propio Estado le prometió.
