La vivienda pública en Castellón sigue en estado crítico en la UCI, pese a contar con suelo reservado, ahora bloqueado, para edificar 29.374 viviendas --20.649 en parcela privada y 8.725 en pública--. En impulsar esta oferta tan necesaria para muchas familias de Castellón trabajan Generalitat y empresarios, que están abonando el camino con un nuevo reglamento para este 2022, al que los constructores de Castellón han presentado alegaciones que la Generalitat responderá en septiembre. Castellón es la nº1 de la Comunitat en techo (alturas) para edificar. Según un informe de Conselleria, la provincia de Castellón tiene una disponibilidad de techo para VPP en parcela privada respecto a la población municipal de 3,43 m2/habitante (2,26 Alicante y 1,65 Valencia); y en pública (Castellón, 1,45; Alicante, 0,98; y Valencia, 0,78).
La patronal APECC considera que se deben contemplar precios y condiciones «más justas» que hagan rentable y asequible levantar nuevos bloques de Viviendas de Protección Pública (VPP), conocidas como VPO; y atractivos al comprador, como la reducción del periodo de protección (para venta).
Precisamente, en otro orden de cosas, esta semana APECC ha transmitido su descontento con otra normativa y ha pedido modificar la nueva ordenanza municipal de Castelló por el aumento de la plusvalía. «Afecta a las promociones de viviendas iniciadas en los últimos dos o tres años y en comparación con la antigua es desmesurado y un coste sobrevenido para promotoras y particulares», critican. Los órganos de gobierno de CEV Castellón se suman y solicitan a las Administraciones públicas la «imperiosa necesidad de adoptar definitivamente criterios de eficacia y eficiencia».
Respuestas en septiembre
En cuanto al reglamento sobre las VPP, desde la Dirección General de Vivienda de la Vicepresidencia del Consell explicaron que «la información pública finalizó el 13 de julio y las alegaciones recibidas se están empezando a analizar. No hay un plazo máximo para resolverlas pero se intentará acabar esa fase en septiembre para enviar el texto a Abogacía lo antes posible. La previsión es aprobarlo antes de que acabe este 2022». ¿Qué previsión hay para Castellón en los primeros años de entrada en vigor? «Pues la actualización de la normativa al ciclo socioeconómico pretende ser un impulso para reactivar la promoción de vivienda protegida en la Comunitat. Sobre todo en las áreas que la Conselleria tiene catalogadas de alta o media necesidad de vivienda (ANHA). No obstante, nos encontramos en un momento de incertidumbre global en el que se está experimentando un incremento importante de los costes de construcción, lo que hace difícil realizar previsiones», manifestaron desde Vivienda. La Vall d’Uixó, Burriana, Benicarló, Moncofa, Nules, Castelló, Vinaròs, Vila-real y Alcudia de Veo tienen urgencia alta.
La rentabilidad como factor con los sobrecostes
Por su parte, el coordinador de APECC, David Ruiz, explicó que «el nuevo texto incrementa el precio máximo de venta a 2.200 m2 útil, pero útiles. Si se traslada a m2construido (que incluye los costes de edificar), sale un límite de 1.584 euros m2/c. Pero además, en cada municipio o zona el precio es distinto y el de la VPP no puede ser superior a la vivienda libre, tomando como referencia un anexo --gráfico--». «Pero el problema es que se fija en base a promedios del Catastro con valores de transacciones inmobiliarias, la mayoría de segunda mano y antiguas --con precios bajos--, que no sirven de referencia para una vivienda nueva», explicó.
En opinión de Ruiz, «no es razonable vender vivienda libre y protegida al mismo precio. Pedimos que el precio de 2.200 m2 útiles sea un límite máximo definitivo y no condicionado a cada zona. Será el propio mercado el que fije a qué precio vender». Además, agregó el castellonense, «el precio actual del módulo en Castellón tiene que absorber dos sobrecostes: el de las materias primas y el de las exigencias de aumento calidad, que viene imponiendo el Código Técnico».
Otro punto que esgrime APECC es que «en la medida que la VPP no tiene ayudas económicas para el comprador hoy por hoy --a diferencia de años atrás, que recibías ayudas en la entrada para adquirir una vivienda--, no tiene sentido que, además del derecho de tanteo y retracto de la Generalitat, el régimen de protección sea de por vida». «Pedimos un límite temporal de 15 ó 20 años como en los planes anteriores, de forma que el comprador de una VPP, después, no tenga restricciones para venderla, ni a quién ni a qué precio», indicó Ruiz. El sector castellonense afirma en que sí tiene interés en llevar adelante proyectos de edificación de nueva VPP, pero con matices: «Solo hay que ver las estadísticas de licencias entre 1992 y 2012, cuando los planes de vivienda recogían esta figura y la potenciaban. Si el marco normativo y los precios son adecuados, se podrá sacar adelante. Pero si no, quedará fuera todo el suelo destinado para VPP de Castellón».
Baix Maestrat y l’Alcalatén, con más superficie
Baix Maestrat y l’Alcalatén copan el nuevo suelo para VPP. Consultar las parcelas y sectores municipales con reserva del 30% es posible en la web del Visor Cartográfico de la Generalitat.
Hay que ir al apartado Vivienda; luego, al Observatorio del Hábitat; y a Reserva de suelo para VPP.
Una venta residual: 50 VPP versus 900 libres al mes
Condiciones como la protección de por vida y el derecho preferente de compra de la Conselleria de una vivienda protegida complica las cosas para el propietario de una VPP. Las operaciones de compraventa suelen ser residuales y, de hecho, en Castellón, de enero a mayo de este año se han vendido 4.668 viviendas y de ellas solo 242 eran protegidas --en torno a un 5%--, frente a 4.426 libres --el 95%--. Una proporción de 18 veces más. De media, si se observa el último ejercicio, la tendencia es de 50 ventas de vivienda pública mensuales frente a 900. En el periodo de los cinco primeros meses del 2021 se vendieron 3.563 viviendas en la provincia, y de ellas 219 eran de protección pública.
