Un total de 23 despachos de arquitectura han presentado oferta a la licitación de la Diputación de Castellón para reforzar la asistencia de la oficina técnica, a fin de ayudar en trabajos de edificación, ingeniería y gestión urbanística a los ayuntamientos más pequeños de la provincia.
La corporación provincial trabaja en resolver la adjudicación de la contratación de un acuerdo marco con un total de dos años de duración, con la posibilidad de extenderlo durante dos ejercicios más, y un valor global estimado fijado en 2.304.000 euros.
El presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, resaltó «la importancia que tiene para nuestro equipo de gobierno fortalecer nuestro respaldo a los municipios más pequeños en cuestiones urbanísticas, por tal de mantener activos la redacción de los documentos, el control de las obras y más tareas que permitan a los pueblos avanzar en las prestaciones de sus servicios».
Tres lotes
En concreto, el contrato se divide en tres lotes. El primero de ellos está destinado a trabajos de edificación de obras, tales como la redacción de documentos y trabajos técnicos o la evaluación ambiental de proyectos.
El segundo está centrado en el desarrollo de tareas de ingeniería de obras, como el control y seguimiento de trabajos y el levantamiento de planos, informes periciales y derribos. Y el tercer y último lote está enfocado en las labores de planeamiento y gestión urbanística, tales como la adaptación a la legislación urbanística y la realización de los correspondientes informes jurídicos o técnicos, así como las tasaciones que resulten necesarias.
El diputado provincial responsable de la oficina técnica, Ximo Huguet, remarcó que esta actuación «sigue la línea de acciones que se marcó el actual equipo de gobierno, que no es otra que ofrecer la asistencia técnica necesaria a aquellos ayuntamientos que lo demanden, para que puedan desempeñar sus tareas del ámbito del urbanismo y la arquitectura de la mejor manera y con la mayor velocidad posible».
De hecho, Huguet incidió en la problemática que genera la labor burocrática y técnica para los consistorios con menos recursos al no contar con el personal o los medios necesarios.
