Antes de que en marzo un virus paralizara el planeta, los ayuntamientos de la Comunitat preveían ingresar en el 2020 cerca de 1.300 millones en impuestos. En esas estimaciones se movían las llamadas entregas a cuenta con las que el Gobierno adelanta mes a mes los ingresos a los consistorios para cubrir sus gastos y que posteriormente los municipios han de devolver. Sin embargo, la pandemia arrasó todos los cálculos y a las arcas públicas acabaron llegando menos de 1.100 millones, lo que generó un socavón de casi 215 millones que 36 meses después han obligado al Estado a cubrir perdonando las devoluciones correspondientes. En el caso de Castellón, este desfase alcanza casi los 21 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda ha informado a los ayuntamientos que «dado lo excepcional de la situación» de una liquidación «globalmente negativa» (no solo para los 135 municipios de Castellón) se habilitará una dotación adicional para cubrir esos descubiertos. Según explica el documento remitido por el departamento de María Jesús Montero, esta cantidad se transferirá a final de este año compensando esa diferencia que los consistorios debían devolver.
En la práctica, la acción del Ejecutivo central (prevista ya en los presupuestos del 2022) es una forma de perdonar a los ayuntamientos un dinero que estos le debían entregar tras haber sido anticipado por el Gobierno. Este, a partir de las previsiones económicas, envía cada mes a los consistorios un adelanto de la recaudación de los impuestos que están cedidos a las entidades locales como una parte del IVA, el IRPF o del alcohol. Sin embargo, las estimaciones recaudatorias se convirtieron en papel mojado a partir de la declaración del Estado de alarma. De no habilitarse este mecanismo especial, los consistorios se verían abocados a un perjuicio en sus arcas.
Los más afectados
Los municipios de mayor tamaño son los que tenían unos agujeros más grandes. El caso más destacado es el de la capital, Castelló, con casi 6,5 millones. En cuanto a los otros municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes, todos ellos tenían un desfase de más de un millón de euros, que de haber tenido que devolver supondría menos recursos en los presupuestos municipales. Es esta situación «excepcional» la que ha obligado al Ministerio de Hacienda a repartir una dotación adicional para que la liquidación «resulte financieramente neutral». Esa compensación tiene, de momento, un primer importe en los Presupuestos Generales del Estado actualmente en vigor, y que será aumentada en las cuentas del 2023.
