La abundante documentación incautada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Azud ha permitido abrir una nueva vía de investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó y de la desaladora de Moncofa. Es una nueva derivada del caso Azud que comenzó a investigarse en el año 2015 y que inicialmente afectó a José María Corbín, abogado y cuñado de la alcaldesa de València (1991-2015) Rita Barberá y su vicealcalde Alfonso Grau, por el presunto trato de favor al empresario Jaime Febrer, por parte de los máximos dirigentes del PP de la ciudad de València durante varias décadas.
Aunque este promotor era de de aquellos a los que gustaba poner «huevos en todas las cestas». De ahí que la documentación intervenida a Febrer confimó la relación del empresario con destacados miembros del PSPV-PSOE como el exportavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Rafael Rubio, el jurista José Luis Vera y el exresponsable de finanzas socialistas, José María Cataluña.
La documentación incautada al exresponsable de finanzas socialista, durante los registros realizados en mayo de 2021, ha permitido a los agentes de la UCO tirar del hilo de una posible financiación ilegal del PSPV-PSOE en las elecciones de 2007. Un delito, el de la financiación ilegal, que formalmente no puede investigarse si se cometió en 2007 ya que no se introdujo en el Código Penal hasta mucho después, en 2015.
Pagar la campaña de 2007
Si se llegaron a pagar mordidas, como apuntan los indicios recabados por los investigadores del caso Azud, sólo se podrían investigar por el delito de cohecho. Ya que si el destino de las mordidas era financiar la campaña electoral de 2007, el presunto delito electoral habría prescrito (sólo se puede perseguir cinco años después).
Las pesquisas de los investigadores han permitido recabar indicios del presunto amaño de un contrato del trasvase Júcar-Vinalopó adjudicado provisionalmente el 12 de julio de 2006 por Aguas del Jucar SA -desde el 1 de enero de 2008 Acuamed- (Aguas de la cuenca del Mediterráneo) a la unión temporal de empresas (UTE) Acciona Infraestructuras SA-Construcciones Luján por una cantidad de 46,1 millones de euros.
Para recabar más datos sobre esta supuesta adjudicación amañada, el Juzgado de Instrucción 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción autorizaron este martes entradas y registros y requerimientos judiciales de documentación en las sedes empresariales de Acciona en València y en Madrid.
Y también en las oficinas de la mercantil Construcciones Luján, que ya se vio implicada en el caso Taula. Durante los registros se han tomado declaraciones a testigos e investigados aunque, según las fuentes consultadas por Levante-EMV , diario de Prensa Ibérica, el mismo grupo editorial al que pertenece Mediterráneo, no se han producido detenciones a lo largo de la operación desarrollada durante de todo el día.
Los nueve registros desplegados -seis en las sedes de cuatro empresas y tres en los domicilios de los máximos responsables de tres de ellas- son la fase de explotación de la pieza separada que investiga la UCO bajo la dirección de la jueza y de la Fiscalía Anticorrupción, y que continúa secreta. Además de las ya citadas, en Riba-Roja de Túria fue registrada la sede de Cronosport, la mercantil que habría canalizado los pedidos del material electoral supuestamente pagado por algunos de los empresarios investigados. Las oficinas de esa firma ya fueron registradas durante la fase de explotación de la segunda fase de Azud, en mayo en 2021.
La desaladora de Moncofa
Respecto a los registros realizados en Castellón, los investigadores del caso Azud también recabaron documentación en las instalaciones de dos firmas, que resultaron adjudicatarias de la construcción de la desaladora de Moncofa el 25 de enero de 2008, en UTE con otras compañías, aunque no consta que se practicaran registros en el resto de mercantiles.
