La ley del solo sí es sí ya ha comenzado a desencadenar la solicitudes de revisión de condenas por delitos sexuales en Castellón --así como en el resto de la geografía española-- y también a provocar evidentes fricciones entre el Gobierno y los jueces, que advirtieron al Ejecutivo de Sánchez de los problemas que podía plantear la nueva norma en un contundente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y parece que tanto una cosa, como otra, no han hecho más que empezar.
Fuentes del TSJCV confirmaron ayer que la Audiencia Provincial de Castellón está revisando, bien de oficio bien a instancias de parte por solicitudes de penados, cuatro sentencias. Esa cifra asciende a 25 en la totalidad de la Comunitat --19 pertenecientes a Valencia y dos a Alicante--.
El alto tribunal valenciano puntualizó ayer en un comunicado que no consta hasta la fecha «ningún auto que acuerde la modificación de penas ni, por consiguiente, la excarcelación de penados por delitos sexuales».
«El Consejo emitió un informe demoledor y parece que el Gobierno no se lo haya leído. Habrá rebajas importantes»
Aunque el número de revisiones en curso no es, por el momento, significativo, abogados penalistas de Castellón han empezado a desempolvar asuntos que puedan ser susceptibles de modificación. Es el caso de Eugenio Ponz, letrado defensor en causas relevantes de este tipo, quien anuncia que ya tiene preparadas cuatro solicitudes. «Si un solo abogado ya tiene recopilado esto, que no acabará sumándose a nivel provincial. No quiero imaginar lo que pasará en un despacho grande de Valencia o Madrid», afirma. Para Ponz, resulta incomprensible que el Ejecutivo no haya hecho caso del órgano de gobierno de los jueces, cuyo informe califica de «demoledor». «Hace pensar que no se lo han leído y hay que fiarse de los órganos consultivos. Esta nueva ley traerá rebajas importantes porque está mal hecha y no se puede interpretar», asevera el abogado alcorino.
«La reforma se aplica con carácter retroactivo y puede tener efectos no deseados como rebaja de penas o la libertad»
La letrada Laura Quesada explica que la reforma «más o menos se reduce a que todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se convierten en agresión, desapareciendo el abuso». Esto lleva, dice, a que, independientemente de la gravedad del hecho, estén tipificados dentro de un mismo delito y, por tanto, las penas sean las mismas para quien cometa un delito grave frente a quien cometa uno menos grave». Quesada incide en que el problema está en que «no han incluido ninguna excepción para que los jueces tengan la opción de no revisar penas de reos por violación y, como se aplica con efectos retroactivos la ley que sea más favorable al reo, surgirán efectos no deseados como las rebajas o puestas en libertad».
«Si pretendían endurecer las penas, conseguirán todo lo contrario. Yo he presentado ya un caso y habrá muchos más»
Pablo Ania también presentó este miércoles una petición de revisión y considera que si la intención de la reforma era elevar las penas, «se conseguirá todo lo contrario»; mientras la letrada Silvia Vicente, quien tiene otro caso sobre la mesa, cree que serán «muchos más de cuatro los asuntos revisados» y que los fiscales se verán obligados a modificar sus peticiones de penas a la baja.
«Los fiscales ya están modificando sus escritos de acusación a la baja y habrá muchas peticiones de revisión en Castellón»
