La deuda de los ayuntamientos de Castellón: 198 euros por cada habitante

Los Ayuntamientos de Castellón sanean sus cuentas. En la última década, la deuda de las administraciones municipales de la provincia ha caído en picado. La reducción resulta sostenida año tras año hasta suponer un recorte del 64% del endeudamiento a lo largo de la última década.

Los datos publicados este viernes y recopilados por el Institut Valencià d’Estadística (IVE) en sus fichas provinciales y municipales plasman dicha tendencia a la baja. En el año 2013 los consistorios castellonenses debían un total de 321,2 millones de euros. Al cierre del ejercicio del 2022 dicha cifra de endeudamiento cae hasta los 117 millones de euros. Son 204 millones menos.

El montante tras repartir

Si este pastel se divide entre los castellonenses, cada residente en la provincia debería aportar en estos momentos 198,15 euros para que los ayuntamientos abonaran el dinero que tienen pendiente. Aunque parece una cantidad destacable, es abultadamente inferior a la que existía en el 2013, cuando el desembolso que debería realizar cada castellonense era de 543,84 euros.

Si se compara con el resto de provincias de la Comunitat Valenciana, Castellón se sitúa en el término medio, pues si en Alicante el endeudamiento es de 117,78 euros por habitante, en Valencia asciende hasta los 317,68 euros.

La gestión de los consistorios basada en la eficiencia y la racionalidad en las políticas económicas que atañen al gasto público y la colaboración con otras instituciones de rango superior son parte de la explicación sobre los motivos que llevan a esta mejora de la situación financiera de la administración local. 

Ahora bien, otra parte importante atañe a la controvertida norma introducida en el 2012 por el Gobierno central: la conocida como Ley Montoro u, oficialmente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La misma obligó a los consistorios, a grandes rasgos, a ser responsables con su endeudamiento, exigió un equilibrio presupuestario, introdujo restricciones al dinero a devolver y estableció como prioridad el pago de la deuda pública. Unas limitaciones que la irrupción de la pandemia de covid-19 obligó a flexibilizar para atender las necesidades sobrevenidas por la emergencia sanitaria. Sin embargo, estos cambios no conllevaron un giro drástico en la tendencia de contención de la deuda pública municipal.

Con lupa

Si se coge la lupa, la misma evolución que se da a nivel provincial se observa municipio a municipio. De las cinco poblaciones más grandes, cuatro cumplen con ello. Castelló y Burriana desde el 2013 hasta el 2022 --último ejercicio completo-- recortaron el dinero que debían en un 74%, la Vall d’Uixó en un 51% y Vinaròs, por su parte, en un 49%. De este top-5 Vila-real se erige como excepción, aunque desde el actual ejecutivo se ha atribuido en diferentes ocasiones esta situación a sentencias urbanísticas condenatorias.

En el paquete de la administración local también se incluye la Diputación Provincial. El anterior equipo de gobierno defendió a principios de año, una vez cerrado el ejercicio del 2022, que la institución castellonense tenía en esos momentos «deuda cero». 

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