Los vecinos de los edificios más viejos de Castellón ignoran los riesgos al eludir superar su ‘ITV’ obligatoria

Las comunidades de propietarios de los edificios más viejos de Castellón siguen sin hacer los deberes y todavía carecen del informe obligatorio de evaluación de edificios de viviendas, también conocido como la ITV de los inmuebles. Sus residentes viven ajenos a posibles riesgos que, en caso de estar relacionados con la estructura, pueden desencadenar en trágicos sucesos, como el ocurrido recientemente en Palma de Mallorca con cuatro personas fallecidas y cuyas hipótesis apuntan a la antigüedad del inmueble de la mano del sobrepeso.

Los datos de la Dirección General de Vivienda de la Vicepresidencia Segunda del Consell, facilitados a este diario, plasman que el grado de cumplimiento del análisis aún es mínimo en la provincia y, pese al paso de los años, apenas mejora.

¿En qué consiste el trámite?

La regulación actual fija que las edificaciones construidas hace más de 50 años deben llevar a cabo este trámite. ¿Y en que consiste? No supone superar o no una revisión, como sí que ocurre con los vehículos y su ITV. La evaluación principalmente se centra en examinar los principales elementos del inmueble para garantizar su seguridad. Por ejemplo, los técnicos encargados supervisan la estructura, la cubierta y las diferentes instalaciones dedicadas a los suministros, como los de electricidad, gas o agua. Concluido el análisis, se emite el informe requerido, que enumera las mejoras que son necesarias acometer por parte de la comunidad de propietarios, clasificándolas según el grado de urgencia para materializarlas y la gravedad de las patologías y síntomas detectados.

Más allá de la teoría, está la práctica. En cifras, desde la implantación de la exigencia del documento, en el 2019, hasta el 9 de abril del 2024, un total de 5.230 edificios han completado este trámite con el registro del análisis ante la administración autonómica.

Una cifra ínfima

La cifra, aunque a priori parece abultada, resulta ínfima ante la cantidad de edificaciones con más de 50 años en Castellón, cifradas en 77.998, según los últimos datos disponibles, ya que actualmente la Conselleria de Vivienda y el Instituto Cartográfico Valenciano se encuentran trabajando conjuntamente para afinar el dato. A parte de todas ellas, se exige también el informe a las personas propietarias de edificios de vivienda colectiva que pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética.

Con todo, de comparar ambas cifras antes mencionadas se concluye que apenas el 6,7% de los edificios de mayor antigüedad ubicados en suelo castellonense cuenta con el informe obligatorio, es decir, menos de uno de cada diez del total lo tiene.

La evolución por años

Sobre la evolución, la cantidad de nuevas revisiones efectuadas ha ido aumentando progresivamente: en el 2019 se presentaron 496 ante la Conselleria, en el 2020, 358 y en el 2021, 366. El año de más auge fue el 2022, con un total de 2.294 edificaciones que se pusieron al día.

El año pasado también fue importante en cuantía, con 1.556 informes aportados, aunque se aprecia ya una ralentización, con cuatro de media al día frente a los seis del ejercicio anterior. Y en lo que va del 2024 se contabilizan menos de dos de media cada jornada, alcanzando un total de 160.

El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón, Joaquín García Lombard, explica que los propietarios suelen conocer la obligatoriedad del informe, aunque «otra cosa es que lo hagan». La principal traba que aprecia «no es el coste del informe, que suele rondar los mil euros en edificios de 25 viviendas, sino el miedo al desembolso de las posibles actuaciones que se exigen luego, algunas a acometer de forma urgente». 

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