Alcaldes del PP piden ‘derivar’ las desaladoras al Gobierno

Alcaldes del PP de la provincia de Castellón reclamaron ayer que el Gobierno central asuma el coste de las plantas desaladoras, que se cifra en 116 millones de euros. Tal y como pidió la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, «las condiciones que marca el Gobierno para los ayuntamientos son inasumibles; que nos traten como Cataluña». Desde el PP recordaron que si otras poblaciones quieren conectarse, el coste lo deben seguir pagando Benicàssim, Oropesa, Cabanes, Xilxes y Moncofa.