La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló aprobó ayer la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de las ayudas del Plan Reactivem de la Diputación Provincial, aunque gestionadas por el consistorio, dirigidas al sector del ocio nocturno y con un presupuesto total de 500.000 euros. De esta forma, en el momento de que queden reflejadas en el documento oficial (será en breve), los interesados ya pueden solicitar estas subvenciones durante un plazo de 15 días, tal y como explicó ayer el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento, José Luis López.
Por otro lado, la junta dio luz verde a cinco convenios sociales (Fundación Acción contra el Hambre, Asociación de familiares para los Derechos del Enfermo Mental, la Asociación Ciudades Interculturales, la Asociación Cultural de Bellas Artes y Artesanía de Castelló y el Real Club Náutico) por un valor total de 166.000 euros para la realización de actividades, así como a la realización de acciones extraescolares, complementarias, culturales y deportivas dirigidas a población escolar entre los 3 y los 18 años por 502.561 euros.
En otro orden de cosas, el gobierno local desestimó una reclamación, apoyado por el Consejo Jurídico de la Comunitat Valenciana, de una vecina que reclamaba al consistorio 55.368 euros por haber sufrido una caída debido al tropiezo que sufrió con un socavón en la vía pública. Sin embargo, el municipio sí que deberá pagar 420 euros a un vecino por daños en su vehículo ocasionados por un contenedor de residuos.
¿Y el callejero?
Finalmente, el portavoz José Luis López ratificó que los grupos del Acord de Fadrell están analizando el informe del cronista de la ciudad ya que será el gobierno local el que tome una decisión sobre la retirada o no de los nombres de calles franquistas por consenso.
Marco pidió dos edificios a la comisión de Patrimonio
Por otra parte, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, solicitó a la comisión de Patrimonio dos edificios que en la actualidad están ocupados por las consellerias de Educación y Economía, por lo que la Generalitat se los ha denegado. La primera edila también se ha interesado por las fincas rústicas de la herencia de Martell Farcha que aún no son propiedad autonómica. Castelló necesita también un terreno para un IES en Crèmor y el solar para el nuevo conservatorio.
