Castelló, como ciudad de más de 50.000 habitantes y tal y como marca la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, debe cumplir la obligación de implementar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro de la ciudad. Para cumplir con ello, el Ayuntamiento de la capital de la Plana ha acelerado en las últimas semanas el progreso por varios flancos administrativos para, de este modo, conseguir que la ZBE esté operativa antes del límite marcado del 31 de diciembre del 2023.
El consistorio afrontó este proyecto no solo por obligación legislativa, también por convencimiento. «Adaptar nuestra ciudad a las exigencias medioambientales y urbanísticas de la actualidad no es solo un requisito legal, sino también una prioridad política», explica el concejal de Movilidad Sostenible, Jorge Ribes. «Para ello, hemos avanzado en la parte jurídica aprobando la ordenanza de movilidad, y en la administrativa impulsando los procedimientos para sacar la ZBE dentro del plazo legal que exige la Ley de Cambio Climático de este gobierno», añade.
Según la memoria con la que trabaja el consistorio, como anunció meses atrás Mediterráneo, la ZBE de Castelló cubrirá una superficie de 745.000 metros cuadrados en el centro de la capital de la Plana. En concreto, el espacio delimitado como Ronda Centro ZBE está comprendido en la intersección de las calles Cerdán de Tallada (al norte), San Roque, Sanahuja, Gobernador Bermúdez de Castro, Guitarrista Tárrega y avenida Casalduch (al este), Orfebres Santa Línea y Lepanto (al sur) y Rondas Mijares y Magdalena (al oeste).
Actuaciones
La puesta en marcha de la ZBE conllevará un cambio modal en el entorno urbano, con la adecuación de calles de la zona a plataforma única y acciones que reduzcan las emisiones y la contaminación acústica, con el incremento del espacio para el peatón, el fomento de la circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal, la reducción del tráfico rodado, el incremento del espacio verde, el reaprovechamiento del agua o la mejora de la calidad lumínica. Esta actuación tiene como objetivo reducir más del 40% de las emisiones contaminantes.
Para llevar a cabo el proyecto, el Ayuntamiento ha captado 7,8 millones de euros de fondos europeos Next Generation. El coste estimado de la ZBE asciende a 10.542.972 euros, con esos 7,8 de Europa y el resto del Ayuntamiento. La mentada Ley, en marcha tras recomendaciones europeas, prevé sanciones para aquellos municipios que incumplan los plazos, aunque cabe la posibilidad de una moratoria. Ciudades que ya tenían una Zona de Bajas Emisiones en funcionamiento, como Madrid, no la han revertido en los últimos años, pese al cambio de gobierno municipal y las promesas del PP en la pasada campaña electoral del 2019 al respecto.
