La que fuera portavoz de Cibur en el Ayuntamiento de Burriana en la pasada legislatura, Mariola Aguilera, ha presentado un escrito en el Registro Municipal para reclamar los 7.000 euros de los honorarios de sus abogados, derivados de la defensa por la denuncia que interpuso ante Fiscalía el también exedil Manel Navarro por una supuesta «incitación al transfuguismo», en noviembre del 2017.

Fue una denuncia que llegó acompañada de una grabación que el propio Navarro --entonces miembro del ejecutivo local-- había realizado y en la que, a pesar de todo, se podía escuchar, como reconoció posteriormente en sede judicial, que él mismo le había dicho a Aguilera: «No estoy a gusto en el equipo de gobierno. La alcaldesa no sirve y no estamos haciendo las cosas bien. Yo solo me iría contigo a Cibur. Mis compañeros todos con sus sueldos y su Seguridad Social y a mí me ningunean y me toman el pelo y trabajan menos que yo».

Unas grabaciones que derivaron en una crisis de gobierno que motivó la dimisión de un edil no implicado en el caso, Christopher del Moral, al no conseguir el equipo de gobierno la dimisión inmediata de Navarro. Incluso el clima de tensión se trasladó a las sesiones plenarias posteriores.

En su escrito, dirigido a la alcaldesa Maria Josep Safont, Aguilera expone: «Usted y su equipo de gobierno forzaron la interposición de una querella penal contra mi persona, utilizando a un miembro de su gobierno». Y prosigue diciendo que dicha querella ha tenido como resultado final el «sobreseimiento libre».

NOCIÓN JURÍDICA // Aportando diferentes resoluciones judiciales, Aguilera apunta: «El Tribunal Supremo indica que estamos ante una noción jurídica del concepto utilizado por ley, que comprende el resarcimiento de cualquier daño o perjuicio». Por lo que la exedila burrianense argumenta que el Alto Tribunal «permite un pago a posteriori, esto es, una vez finalizada la causa penal».

Por ello, Aguilera exige que le «abonen por estos dos conceptos, las dos facturas adjuntas, a la mayor brevedad posible, en concepto de gastos judiciales ocasionados» en el ejercicio de su cargo como concejala. La exportavoz de Cibur realiza el requerimiento «una vez finalizado el procedimiento penal por sobreseimiento libre de todos los cargos» de los que pretendían culparle.