La Fiscalía Provincial de Castellón investiga una denuncia que pretende torpedear el PAI Golf Sant Gregori de Burriana, por lo que ha pedido al Ayuntamiento en un escrito, registrado la semana pasada en el consistorio, informes sobre la tramitación de este macroproyecto urbanístico.
El ministerio público solicita, en concreto, a los técnicos municipales documentación sobre las condiciones particulares fijadas en la cédula de urbanización, datos sobre los convenios formulados con las compañías suministradoras, un estudio de económico-financiero o de sostenibilidad económica y un informe sobre la disponibilidad de los recursos hídricos.
Asimismo, exige a la corporación que comunique si la nueva acta de replanteo ha sido sometida a exposición pública y si ha obtenido la declaración de impacto ambiental, además de reclamar los informes jurídicos emitidos en el 2016 que revocaban la condición de agente urbanizador del promotor del proyecto por incumplimiento grave.
Por ahora se desconocen los motivos que han motivado el inicio de las diligencias de la investigación, aunque el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, explica que ya habían recibido «solicitudes muy parecidas en otras ocasiones» y añade que el tipo de documentación que les piden es «muy similar a la que realizó hace tiempo una asociación relacionada con un grupo ecologista».
Tal como ha podido averiguar Mediterráneo, el edil hace referencia a una petición del Centre d’Aqüicultura Experimental (CAE), con sede en València, que fue registrada en el ayuntamiento el 10 de septiembre del 2019.
Transparencia
Ante el escrito de Fiscalía, Arnandis contesta que «por supuesto facilitarán toda la información solicitada», ya que quieren que «Sant Gregori sea un proceso lo más transparente posible». Durante la comisión de Urbanismo celebrada este jueves, miembros de la oposición ya preguntaron acerca de esta demanda, a lo que asegura que abrirán el expediente «para que puedan acceder y conocer de primera mano el procedimiento».
Uno de los portavoces que piden respuestas es Juan Fuster, del PP, quien, a preguntas de este periódico, también desconoce quién está detrás de la denuncia. «Queremos conocer las causas que han llevado a la Fiscalía a adoptar esta medida y la tramitación que ha requerido», exige.
El líder de los populares cree que su partido hubiera gestionado de otra manera el proyecto y confía en que la iniciativa urbanística «siga adelante y se desarrolle», aunque siempre «desde la legalidad». «Golf Sant Gregori constituye un plan de futuro para Burriana», reivindica Fuster.
Alegaciones
La tramitación del PAI continúa adelante en estos momentos, aunque no avanza todo lo rápido que cabría esperar. Tras haber finalizado el periodo de exposición pública del proyecto modificado, el Ayuntamiento se encuentra actualmente contestando las ocho alegaciones formuladas al respecto para poder empezar a redactar los pliegos que regirán la contratación de los trabajos de urbanización.
La empresa aportó esta semana un estudio complementario, encargado a la Universitat Politècnica de València, para subsanar la falta de documentación que provocó que el consistorio no autorizara la retribución de la cuota cero. Este movimiento llega después de que el equipo de gobierno presentara un informe en que denegaba a la constructora el giro a cobro de la tasa inicial y le instaba a remitir datos que justifiquen los gastos derivados de la contratación de terceros que haya soportado y que vaya a repercutir a los propietarios.
