La Vall d’Uixó devolverá las pistas de pádel a Vallpala por orden judicial

La Justicia le ha quitado la razón de manera definitiva al Ayuntamiento de la Vall d’Uixó en el caso Vallpala. El Tribunal Supremo corrobora lo ya dictado en instancias inferiores. El consistorio obró de manera «desproporcionada» cuando retiró la concesión a la empresa que construyó y gestionaba las pistas deportivas de pádel --edificadas en terreno municipal-- tras detectar la ejecución de unas obras sin pedir licencia e incumpliendo las características detalladas en el contrato.

El Alto Tribunal, ante el recurso presentado contra la resolución dictada en el 2022 y que revoca el acuerdo del pleno municipal de retirar la concesión, comparte el criterio judicial que considera que el asunto podría haberse resuelto con una sanción y, como máximo, la restauración de las condiciones originales en las que estaban las instalaciones destinadas a cafetería antes de la reforma. En resumen, la conclusión judicial es clara: el Ayuntamiento debe devolver las instalaciones y la concesión a Vallpala.

Las reacciones

Las partes interesadas han sido conocedoras de la postura del Supremo sobre este asunto entre el jueves y el viernes, y ya hay reacciones. Por parte de la propiedad de Vallpala se limitan a afirmar que «ahora habrá que negociar», y no entran en detalles, por el momento, sobre si esperan una compensación económica por los perjuicios que la pérdida de la gestión en el año 2019 les habría ocasionado.

Desde el Ayuntamiento afirman que la resolución del Supremo no habla de dinero y solo indica que hay que devolver las instalaciones, por lo que eso es lo que se van a limitar a hacer.

Desde el año 2020, las pistas de pádel han sido públicas y han estado abiertas a la ciudadanía de manera gratuita para la práctica de diversas disciplinas, al servicio de particulares y clubs deportivos. De hecho, al abonar el importe del carnet de deportista con carácter anual, los usuarios adquirían el derecho a utilizarlas.

La Vall conecta todos sus edificios municipales y crea una red óptica

Mediterráneo no ha tenido acceso a la resolución del Tribunal Supremo, y ninguna de las dos partes ha dado más detalles sobre lo que indica, por lo que, por el momento, se desconoce si existen plazos para ejecutarla. Sobre lo que no hay dudas, ciñéndose estrictamente a la respuesta del equipo de gobierno, es de que esa titularidad pública del complejo deportivo tiene los días contados. No parece que haya intención de negociar, como espera el concesionario, para conservar las pistas a cambio de una compensación. Desde el consistorio inciden en que, tras la restitución del contrato, «velaremos por el cumplimiento estricto de lo firmado». 

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