El vicepresidente del Consell, José Císcar, admitió ayer que algunos de los contenidos del sumario de la conocida como causa de cooperación que se están conociendo en los últimos días tras levantarse el secreto de sumario causan “vergüenza” ajena al Ejecutivo regional. Asimismo, insistió en que “hay que mantener la actitud de tolerancia cero contra la corrupción” y la “colaboración máxima y absoluta” con los tribunales.
Císcar se pronunció en estos términos al ser preguntado sobre los últimos datos conocidos del sumario, que revelan, entre otros aspectos, que el empresario César Augusto Tauroni, en prisión por esta causa, se refería a los países en desarrollo objeto de la cooperación como Negrolandia.
“Algunos de los contenidos que estamos conociendo nos causan vergüenza ajena”, aseveró Císcar, quien apuntó que algunas de las expresiones conocidas son “absolutamente reprobables”, especialmente dado que el área de cooperación al desarrollo es “muy sensible” y “afecta a ciudadanos necesitados y a personas que viven en estado de pobreza”. “Esto nos reafirma en que contra la corrupción tenemos que luchar con todas nuestras armas”, dijo.
En la causa se investiga un supuesto fraude en las ayudas concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad --que dirigía el actual portavoz del PP en Les Corts, Rafael Blasco-- en 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo. Císcar señaló que se ha creado una comisión en Justicia y Bienestar Social que está “evaluando y analizando todos los expedientes de cooperación” y tiene de plazo hasta mediados de junio para sacar sus propias conclusiones.
PERSONADOS // No obstante, recordó que se ha personado a través de la Abogacía de la Generalitat como acusación particular en el sumario y exigirán “todas aquellas responsabilidades penales y civiles necesarias” si de la investigación de la comisión se dedujera alguna responsabilidad.
Señaló que no hay “ninguna duda” del compromiso del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, en la lucha contra la corrupción y que no queda “ningún alto cargo (imputado) en su puesto” y se han abierto los expedientes disciplinarios a los funcionarios presuntamente implicados. Respecto a la existencia de diputados populares imputados que conservan su acta, como Ricardo Costa, señaló que se refiere a los cargos que el Consell o el presidente tienen capacidad para nombrar y cesar, y no cuando ese cargo procede de la legitimidad de las elecciones. H
