La protesta por la infrafinanciación se llevó a cabo ayer de forma simultánea en las tres provincias valencianas y en la capital del Túria el president de la Generalitat, Ximo Puig, destacó que la marcha no es contra nadie ni contra el Gobierno, sino «para visibilizar el problema valenciano y clamar por un nuevo modelo justo y que atienda la igualdad» tras años de «reivindicación» y «persistencia».
Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, considera que la reforma del modelo de financiación no es una cuestión de magnanimidad del Ministerio de Hacienda, sino un mandato que el Congreso ha hecho al Gobierno y que figura en el pacto de legislatura con Compromís. «Los pactos están para cumplirse y es el momento de cumplir con los valencianos», reivindicó Oltra.
El presidente del PPCV, Carlos Mazón, en la primera manifestación por la financiación a la que acude su formación, abogó por «poner la Comunitat Valenciana por encima de la reflexión partidista» para «exigir» un nuevo modelo en el que «deje de situar a los valencianos a la cola».
La consellera de Participación, Rosa Pérez Garijo, de Unides Podem, puso el foco en la «unidad» detrás de las movilizaciones ante el hecho de que la Comunitat sea la peor financiada y espera que el diálogo abierto termine con una financiación justa. La síndica de Cs en las Corts, Ruth Merino, lamenta que en «cuatro años no se ha avanzado nada» por lo que «toca negociar con altura de miras».
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, subrayó que la movilización favorece los intereses de los valencianos porque «nos siguen tratando como españoles de segunda y tercera». Y lamenta que en el cargo de ministro de Hacienda «vaya el incumplimiento de promesas». Los sindicatos exigen la reforma para «desterrar la desigualdad de la Comunitat».
Una reforma postergada...
El cambio del modelo de financiación es un elemento central de la agenda valenciana incluso desde antes de que caducara el modelo actual, en 2014.
Tanto en 2017 como en los años anteriores, el Gobierno de Rajoy evitó abordar la reforma. Después llegó el ciclo de repeticiones electorales, entre 2015 y 2016, posteriormente la crisis territorial con el desafío independentista en Cataluña y a continuación una pandemia mundial. Así la financiación nunca ha sido abordada con decisión por ningún Gobierno, aunque el actual empieza a realizar gestos que apuntan hacia un nuevo escenario. Con todo, la clave definitiva estará en el cambio de la ley y, por el calado que tiene el reparto de los recursos, requiere de un consenso amplio y sobre todo el acuerdo de los dos grandes partidos, PSPV y PP. Por eso, los llamamientos ayer a mantener la unidad de acción de la política valenciana fueron constantes.
La manifestación de ayer en las tres capitales registró dos hechos diferenciales respecto a la de hace cuatro años, una la ampliación de los apoyos políticos con la presencia del PP, que en noviembre de 2017 prefirió desmarcarse en un tiempo en que Mariano Rajoy ocupaba La Moncloa y ahora se suma con su nuevo líder, Carlos Mazón, al frente.
Con todo, noviembre debe ser el mes de la financiación no solo por la manifestación. Existe un compromiso del Gobierno de publicar un documento con la propuesta respecto al criterio de población ajustada.
