El empresario Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, tira de la manta e inculpa a Francisco Camps. La confesión se produce tres meses antes de que Correa se siente en el banquillo junto al expresidente de la Generalitat y venticinco acusados por la pieza del caso Gürtel de los contratos menores adjudicados por la Generalitat a las empresas de Correa.
El empresario madrileño, en prisión desde el 14 de febrero de 2017 (aunque antes pasó cuatro años en prisión preventiva) por la pieza de la Gürtel de Fitur juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), admite los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción y también ser autor de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos.
Este reconocimiento de los hechos va acompañado de una carta manuscrita por Francisco Correa el pasado 6 de julio en la que admite sus influencias para que sus empresas lograran un trato de favor por parte de la Generalitat.
"Efectivamente yo tuve la idea e iniciativa de crear Orange Market", confiesa Correa. Se trata de la sucursal valenciana del conglomerado de empresas creado por el empresario en Madrid y que la justicia bautizó como "Grupo Francisco Correa".
La trama valenciana de la Gürtel surgió, en palabras de Correa, "a raíz del cambio de presidente de Aznar a Rajoy. Rompimos relaciones comerciales con el PP de Génova y dadas las buenas relaciones que Álvaro [Pérez "el Bigotes"] inició con Paco Camps decidimos la apertura de Orange Market con la finalidad de obtener contratos de la Generalitat Valenciana y organizar las campañas electorales del PP en la Comunitat Valenciana".
El empresario admite que "presionaba constantemente a Álvaro porque el 90 % de los contratos de publicidad, comunicación, presentaciones oficiales, eventos y acontecimientos puntuales se adjudicaban a una empresa de València con el nombre de 'Global'", señala Correa en su escrito. Aunque en ese detalle le falla la memoria ya que la mercantil favorita del Consell entonces, como contó Pérez Alonso en el juicio de Fitur y en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, era Engloba. "Esta empresa trabajaba desde la época de Eduardo Zaplana, por lo que mantenía excelentes relaciones con los consejeros del gobierno valenciano".
A partir de la llegada de Camps a la Generalitat, el 20 de junio de 2003, se inició la fiebre por los grandes eventos para colocar a la Comunitat Valenciana "en el mapa". "Otros eventos de especial importancia, como el de la Fórmula 1, se adjudicaba a la empresa de Jorge Martínez Aspar, expiloto de Moto GP y propietario de una escudería de motos. El nombre de la mercantil creo recordar era 'Valmor'". Al respecto, Correa recuerda un "hecho de especial trascendencia". "Orange Market -relata en su carta manuscrita- pasó una oferta para instalación y montaje de gradas en el recorrido del circuito. Nuestro presupuesto se situó por debajo del 50% del ofertado por Valmor, sin embargo ellos fueron los adjudicatarios". Los contratos y favores a Valmor se llegaron a investigar en el Juzgado de Instrucción 2, pero las tres piezas separadas acabaron archivadas.
Correa también recuerda que otro ilustre emprendedor también les arrebató una vía de negocio. "Iñaki Urdangarin nos arrebató a través de su fundación [Instituto Nóos] varios eventos, no sin antes, previa llamada del rey emérito Don Juan Carlos a Paco Camps". Una información que el empresario asegura conocer porque "me la trasladaba Álvaro". El caso Nóos tampoco tuvo recorrido en la Comunitat Valenciana ya que también fue archivado por el TSJCV.
Una competencia feroz que provocó, según la versión de Correa, que "tras mi contínua exigencia a Álvaro, Paco Camps a través de algunas personas de su confianza nos adjudicaban algunos eventos como son los que forman la pieza separada "València 5" que será juzgada el próximo mes de enero de 2023". Se trata de una especie de pedrea en forma de pequeños contratos menores de 12.000 euros adjudicados a las empresas de Correa desde cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones cuando la Generalitat estaba dirigida por Francisco Camps.
Por estos hechos se sentarán en el banquillo el próximo mes de enero, además de Correa y Camps, cinco miembros más de la trama Gürtel, tres exconsellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 17 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat.
La respuesta de Camps
Por su parte, el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que le juzgará por los contratos adjudicados por su Gobierno, supuestamente de forma irregular, a Orange Market --una de las empresas de la trama 'Gürtel'-- que no tenga en cuenta la cascada de confesiones realizadas por algunos acusados, entre ellos el cabecilla, Francisco Correa, a la hora de juzgar su presunta implicación en los hechos.
La defensa de Camps recordó a la Sala de lo Penal, en un escrito del pasado 25 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, que los acuerdos de conformidad solo pueden valorarse como "autoincriminatorios", es decir, para quienes confiesan, sin que puedan condicionar al resto de acusados.
"No debe en cualquier caso admitirse ni puede servir de base objetiva, para quien sostiene la acusación, ninguna manifestación respecto del resto de investigados realizada como consecuencia de la conformidad que se alcance y que exceda del simple y propio reconocimiento de hechos que la acusación atribuya al confeso", sostiene.
En consecuencia, recalca que, en los acuerdos sellados entre la Fiscalía Anticorrupción y otros acusados, "todo aquello que resulten referencias a terceros que excedan del simple allanamiento (a la acusación formulada) deberá ser tenido por no depuesto".
Camps reacciona así a la serie de pactos alcanzados entre Anticorrupción y los arrepentidos, que comenzaron a cerrarse en junio y han seguido cristalizando hasta este mismo septiembre.
Las confesiones empezaron a llegar poco después de que la Audiencia Nacional pusiera fecha para la vista oral que entre el 17 de enero y el 23 de mayo del próximo año juzgará las presuntas irregularidades en la concesión a Orange Market del contrato para el expositor valenciano de la edición de Fitur 2009.
Cabe recordar que Camps es el principal acusado en esta pieza separada número 5 de 'Gürtel'. El Ministerio Público pide que sea condenado a dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude, mientras que la acusación popular del PSOE eleva su petición a nueve años al añadir tráfico de influencias.
