Fregar las escaleras de la política

Hace unas semanas, la ya exalcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, cometió un desliz que desató una escandalera: “Prefiero fregar escaleras antes que ser alcaldesa con los votos de EH Bildu”. La salida de tiesto provocó reacciones airadas de la mayoría de partidos progresistas. También motivó análisis sobre el elitismo y la distancia de la política con la calle real. Sin embargo, aquella serpiente informativa se solapaba con uno de esos otros hechos que ocurren bajo el radar, y son más graves. Es la situación de las empleadas de limpieza de las Corts, que llevan 5 meses sin cobrar sin que hasta ahora nadie encuentre una solución para ellas en la cámara de representación de los valencianos. 

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No es la primera vez que sucede algo similar. En la Delegación del Gobierno, hace año y medio, las empleadas denunciaron llevar “meses trabajando gratis” por impago de la empresa. Tampoco es un fenómeno valenciano: en Castilla y León los empleados de la cafetería de las Cortes han sufrido el mismo problema con la misma empresa, Grupo Scorpio, que está desaparecida.

Hubo un tiempo en que la política parecía decidida a dignificar y prestigiar este sector. Eran los días de la pandemia, cuando se evidenció la trascendencia de muchos eslabones ‘invisibles’ del engranaje social: limpiadores, recogedores de residuos o transportistas. Eran los “esenciales”, sin cuyo trabajo ni los hospitales, ni las calles, ni los supermercados funcionarían; unos empleos desagradecidos que evitan el colapso cotidiano. “En la pandemia parecía que ya no éramos tan cenicienta. Nos decían: ‘La limpiadora, qué valor tiene. Ya se nos ha olvidado”, apunta Raquel Rodríguez, responsable del sector de Limpieza de UGT, que lamenta que se esté produciendo esta situación en una institución tan emblemática como las Corts Valencianes.

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Pasada la pandemia, persisten las situaciones de precariedad. El último convenio sectorial de limpieza en edificios públicos y privados constata que una limpiadora está atascada en el entorno del salario mínimo. Y eso que se firmó tras meses de bloqueo y conflicto. Se mejoraron los salarios con una subida del 10,5% hasta 2025, y se mantuvieron algunas ‘conquistas previas’, como los días de asuntos propios o las vacaciones. Pese a todo, los salarios siguen siendo casi de subsistencia: 994 euros brutos de salario base para un peón o limpiador/a en 2024. Eso para la que tiene el contrato de 39 horas. Con 30 horas, por ejemplo, son 765 euros. Solo en el sector sanitario, por su capacidad de bloqueo, han conseguido un plus específico: 215 euros al mes en hospitales; 112, en centros de salud. 

Con estas cifras, el salario mensual se queda por debajo del mínimo. El SMI en 2024 sube hasta los 1.134 euros, que en 14 pagas asciende a 15.876 euros brutos al año. En el convenio de las limpiadoras, con 15 pagas, el suelo base no alcanza los 15.000 al año. Para quien no llega a ese umbral legal por carecer de antigüedad u otros conceptos, las empresas tiene la obligación de regularizar su situación. 

Es un escenario de precariedad. Sobre todo, en un sector altamente feminizado, donde en muchos casos se trata del único salario que entra en casa. Y con un trabajo duro, repetitivo, de fuerza: el síndrome del túnel carpiano es la única enfermedad profesional reconocida.

Un mercado enorme

Es difícil hablar del sector de limpieza sin pasar por la responsabilidad del sector público, que es donde se realiza el grueso de esta actividad. Desde hace décadas, la administración apostó por la vía de la externalización. Eso ha generado un mercado importante. Solo en la provincia de Valencia son más de 22.000 personas en empresas de limpieza (de edificios públicos y privados). Si se eleva la escala, las cifras son descomunales: 36.000 empresas en toda España, 570.000 personas trabajando en estas empresas, el 2% de los asalariados y el 1,05% del PIB.

Los contratos públicos representan más del 40% de actividad del sector, entre administración central, autonomías y ayuntamientos. Son decenas de miles de centros de salud, hospitales, colegios, empresas públicas, al margen de las sedes institucionales. En 2021, se licitaron casi 8.000 contratos públicos de servicios de limpieza: unos 160 por provincia, por un montante de licitación de casi 9.600 millones, según informa en su web la patronal Aspel, que representa a los grandes grupos españoles multiservicios, y ha declinado participar en este reportaje.

Reivindicaciones de las empresas

Ante cada conflicto, como el que ahora se vive en las Corts, los representantes públicos descargan la responsabilidad en la empresa contratista, Grupo Scorpio, en este caso. Y, como tónica general, las empresas critican la escasez de recursos de la contratación pública. Hace unos meses, las patronales reclamaron cambios, como la reforma de la ley de desindexación, “para repercutir estos aumentos (inflación, subida del SMI, energía) en los contratos de limpieza actualmente en ejecución y podrían seguir prestando unos servicios de calidad a las administraciones públicas, sin poner en riesgo la estabilidad de miles de trabajadores”, señalaron.

También piden eliminar la obligatoriedad de cumplir con las prórrogas de los contratos públicos; así como cambios en los criterios de contratación, para que no sea simplemente la oferta más económica, sino que se aplique el precio-calidad, en línea con la directiva europea. 

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Mientras tanto, son las mujeres las que están en el centro. Y pese a los avances vía negociación colectiva, desde el ámbito laboral no pueden evitar la sensación de abandono. “Sin nosotras, se para todo. Sobre todo en Sanidad. En la pandemia, ningún sanitario entraba a ningún box sin que la limpiadora entrará antes. Y en los institutos, colegios, guardería y parece increíble en las administraciones”. “Somos invisibles”, lamenta Raquel Rodríguez, sobre todo en casos como el de las Corts: “Parece mentira que sea el centro que es”.