La supresión del tribunal médico retrasa cerca de 4.000 peticiones de incapacidad

La Seguridad Social acumula un mayor número de expedientes tras dejar en manos de un solo inspector el futuro de quien está de baja laboral más de un año

El sindicato UGT denuncia la «falta de independencia» para dar las altas 

Imagen de archivo de listas de espera y trámites administrativos en el Sistema Público de Salud y en la Seguridad Social.

Imagen de archivo de listas de espera y trámites administrativos en el Sistema Público de Salud y en la Seguridad Social. / Germán Caballero

Mónica Ros

Los tribunales médicos desaparecieron hace diez meses. En la Comunitat Valenciana, ahora ya no es un equipo multidisciplinar el que decide el futuro laboral de una persona que no puede trabajar por problemas de salud durante más de un año. Ahora es una única persona la que valora, decide y gestiona. Se trata de los inspectores médicos que protestan desde el primer día por este cambio (que entró en vigor el 17 de mayo de 2023) y anuncian nuevas movilizaciones. El trabajo se ha duplicado desde entonces y los expedientes se acumulan.

Los expedientes

En Valencia hay más de 3.000 expedientes de incapacidad laboral pendientes, según fuentes de UGT. Esos expedientes, además, afectan a personas de Valencia, Castellón y Ciudad Real, ya que «la Dirección General distribuye expedientes entre la plantilla pero sin tener en cuenta que esto provoca que muchos pacientes no puedan acudir a visitas presenciales». En Alicante son más de 800 los que se encuentran en la misma situación de espera aunque unos 200 ya cuentan con cita asignada. En total, hay más de 105.000 expedientes bloqueados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de los que cerca de 4.000 son de la Comunitat Valenciana.

Desde mayo pasado

Desde el mes de mayo ya no es un equipo multidisciplinar el que decide si una persona que lleve más de un año de baja por enfermedad debe continuar en esa situación, pasar la valoración de incapacidad laboral, permanente o gran invalidez, o darle de alta para retornar a su trabajo. Ahora lo decide una única persona. Este cambio responde a ajustes económicos «como consecuencia en un incremento del gasto derivado de las prestaciones de incapacidad laboral», lo que puso en pie de guerra a los inspectores médicos.

Además, esos mismos inspectores médicos forman parte de la plantilla de la Seguridad Social y deben decidir que sea el INSS quien pague (o no) una pensión a los trabajadores que solicitan una incapacidad laboral. «Es decir, quien paga sus nóminas es quien pagará las pensiones a quienes ellos decidan que así sea», explican las mismas fuentes sindicales.

De hecho, denuncian «presiones» para dar el alta. Cuantos más expedientes, mejor. Es más, reconocen que hay bonificaciones por hacerlo. Pero la suya no es una reivindicación salarial. «Los médicos reivindican que los casos de mayor complejidad puedan ser resueltos de modo multidisciplinar y no exclusivamente por un único médicos evaluador. Reclaman medios y condiciones de seguridad en las consultas, así como pasar a depender de la Secretaría de Estado para trabajar con independencia. Además, exigen la correcta clasificación de sus puestos de trabajo», explican desde el sindicato.

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